En los últimos meses, el Congreso peruano aprobó once leyes que reforman el sistema de justicia, introduciendo más de 60 modificaciones al Código Penal, Procesal Penal y otras normas clave. Estas leyes, mayormente avaladas por el Ejecutivo, han generado controversia por beneficiar a investigados en casos de corrupción y crimen organizado.
Entre las medidas más cuestionadas está la Ley 32181, que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia, dificultando la captura de presuntos delincuentes. Este vacío legal ya permitió la liberación de presuntos integrantes de organizaciones criminales como ‘Las Hienas Verdes’ y ‘Los QR del Puerto’. Además, se frenó megaoperativos policiales clave.
La aprobación acelerada de estas reformas, liderada por la Comisión de Justicia presidida por Perú Libre, refleja un aparente consenso político entre diversas bancadas. Según expertos, este bloque legislativo ha debilitado herramientas esenciales del Ministerio Público y del Poder Judicial para combatir el crimen organizado y la corrupción.
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Samuel Rotta, exdirector de Proética, calificó este proceso como una “estrategia de debilitamiento” del sistema judicial, motivada por intereses políticos. Asegura que estas reformas no solo blindan a autoridades investigadas, sino que afectan otras investigaciones, dejando a fiscales y jueces con herramientas insuficientes para actuar.
Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, coincide en que las reformas actuales no son aisladas, sino parte de un plan político articulado. “Estas normas tienen el objetivo de disminuir la capacidad operativa del sistema de justicia”, señala, acusando al Ejecutivo de complicidad por no observar estas leyes oportunamente.
Si bien el Congreso corrigió parcialmente algunas disposiciones tras las críticas, como en el caso de la detención preliminar, la demora del Ejecutivo en promulgar las enmiendas refuerza las sospechas de inacción deliberada. Esto evidencia una preocupante falta de coordinación y compromiso con el fortalecimiento de la justicia.
Las modificaciones al sistema penal, lejos de solucionar problemas estructurales, parecen socavar su funcionalidad. Se vive un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones ya es frágil. Las reformas envían un mensaje peligroso: los intereses políticos prevalecen sobre el acceso a la justicia.
