El Ejecutivo sorprendió al designar a Ruth Ligarda Castro, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y escolta de Dina Boluarte, para cumplir una misión diplomática en España. Ligarda, testigo en el caso ‘Cofre’, asumirá funciones como auxiliar de la Agregaduría Policial en la Embajada del Perú en Madrid a partir de enero de 2025.
La resolución suprema que oficializa esta decisión apareció en El Peruano y provocó preocupación entre abogados y analistas. Ellos advierten que el traslado internacional podría obstaculizar el avance de la investigación fiscal. La Fiscalía había citado a la suboficial debido a su participación en eventos relacionados con el vehículo presidencial.
El caso ‘Cofre’ investiga un presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien presuntamente utilizó el vehículo presidencial en febrero de este año. Ruth Ligarda habría integrado la comitiva que recogió a Boluarte del condominio Mikonos en Asia, generando interrogantes sobre su papel en los hechos.
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El abogado Jesús Poma, defensor del conductor del vehículo presidencial, criticó esta designación y la consideró perjudicial para la investigación. Señaló que mantener a los testigos e imputados en el país resulta fundamental para garantizar su participación en diligencias judiciales, como reconstrucciones de los hechos o recorridos del trayecto investigado.
Mientras tanto, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, citó a la presidenta Boluarte a declarar el próximo 15 de enero y al exjefe del Gabinete, Alberto Otárola, para el 8 del mismo mes. Estas citaciones buscan aclarar posibles vínculos de ambos con el supuesto encubrimiento a Cerrón.
El traslado de Ruth Ligarda Castro plantea dudas sobre el acceso a información clave. Aunque podría colaborar desde el extranjero, su ausencia física complicaría la labor de la Fiscalía en momentos decisivos de la investigación.
Enviar a un testigo clave a una misión diplomática en plena investigación penal desata un debate sobre la transparencia y las prioridades del Ejecutivo. Este caso pone de relieve la necesidad de un mayor control sobre decisiones que puedan afectar la búsqueda de justicia en el país.
