El pasado 24 de diciembre, una violenta confrontación en la estancia Quicomarca, distrito de Tisco, dejó 10 personas heridas, entre ellas un menor de 13 años y un policía. Según testigos, al menos 50 individuos intentaron desalojar por la fuerza a los comuneros, lo que desató caos y agresiones durante la celebración navideña.
Virginia Rojo Córdova, una de las afectadas, denunció ante las autoridades que el grupo invasor actuó con violencia extrema y usó piedras y armas. Relató que tres personas agredieron a su sobrino e intentaron ahogarlo, mientras otros atacantes despojaron a sus familiares de sus pertenencias. «La Policía no hace nada», lamentó, destacando la falta de apoyo adecuado.
El conflicto por los terrenos de la estancia Quicomarca se extiende por más de 15 años, pero los enfrentamientos recientes han escalado de manera alarmante. Los comuneros afectados aseguran que los agresores actúan motivados por intereses de apropiación de tierras. Según los testimonios, Roger Huahuisa lidera las acciones violentas con el objetivo de consolidar su control en la zona.
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La Cooperativa de Usuarios 24 de Junio-Tarucamarca acusó en un comunicado a los comuneros de Quicomarca de haber invadido previamente terrenos en Iscaycancha, donde destruyeron propiedades. Sin embargo, los comuneros afectados afirman que estos argumentos solo intentan justificar los ataques sistemáticos en su contra.
Las autoridades trasladaron a los heridos al centro de salud de Sibayo, mientras que los demás habitantes temen nuevas represalias. La comunidad expresó su indignación ante la limitada respuesta policial, ya que las autoridades solo enviaron a un efectivo para constatar los hechos. Por ello, exigen la intervención inmediata del Gobierno Regional y del Poder Judicial para garantizar su seguridad.
Los comuneros sostienen que la violencia recurrente responde a intereses económicos por las tierras en disputa, utilizadas principalmente para la ganadería. Además, aseguran que Roger Huahuisa manipula a la población con el fin de apropiarse de estos terrenos, mientras las autoridades policiales y locales permanecen indiferentes.
Este conflicto no solo pone en peligro la seguridad de las familias, sino también sus medios de subsistencia. “Nos dedicamos a pastorear ovejas, vivimos de eso, y ahora ni siquiera podemos trabajar tranquilos”, expresó Rojo. Ante la inacción de las autoridades, las familias evalúan recurrir a instancias superiores para obtener justicia.
