El derrame de petróleo en el distrito de Lobitos, provincia de Talara, continúa generando controversias, pese a los avances anunciados por Petroperú. Según Jhan Paiva, representante de la empresa estatal, las actividades de limpieza en las playas afectadas están «prácticamente concluidas», aunque reconoció que aún quedan trabajos de remediación pendientes.
Paiva aseguró que un contingente de Petroperú permanece en playa Capullana para identificar posibles puntos adicionales de limpieza. Además, destacó que la empresa no se retirará de la zona hasta completar el plan de remediación y garantizar que no queden residuos que comprometan el ecosistema local.
El derrame ha afectado a tres o cuatro playas y ha generado preocupación entre las comunidades pesqueras y autoridades locales. Petroperú afirma haber establecido mesas de diálogo con gremios de pescadores y población afectada para escuchar sus inquietudes y buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, las demandas de los afectados van más allá.
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Mateo Gómez, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, enfatizó la necesidad de exigir responsabilidades firmes y compensaciones por los daños ocasionados. “Esto afecta no solo al ecosistema marino, sino también a la economía de las comunidades que dependen de la pesca. Si no salen a pescar, toda la cadena económica se ve perjudicada», señaló Gómez.
Las comunidades locales enfrentan una crisis económica y ambiental, agravada por la demora en garantizar reparaciones integrales. Los pescadores, uno de los sectores más impactados, han exigido una pronta compensación por la pérdida de ingresos y acciones claras para prevenir futuros incidentes.
Si bien Petroperú busca dar una imagen de responsabilidad al mantener su presencia en la zona y abrir canales de diálogo, la opinión pública y los gremios consideran que esto es insuficiente. La remediación ambiental y el apoyo a los afectados deben ser transparentes, inmediatos y efectivos para restaurar la confianza en la empresa.
Este caso refleja una problemática recurrente en el manejo de derrames de petróleo en el país, donde los costos sociales y ecológicos suelen ser subestimados.
