El asesinato de Andrea Vidal, quien murió tras recibir disparos mientras estaba en un taxi en La Victoria, ha revelado una serie de acusaciones sobre una presunta red de prostitución dentro del Congreso. Según un informe periodístico, Vidal actuaba como cómplice y también fue víctima de esta organización, que supuestamente lideraba Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Parlamento.
Inicialmente, las autoridades atribuyeron el atentado a un caso de extorsión, pero ahora lo relacionan con un ajuste de cuentas debido a la información que Vidal manejaba sobre la red. Según el programa “Beto a Saber”, la joven reclutaba mujeres para actividades ilícitas bajo las órdenes de Torres Saravia, quien contrataba trabajadoras sin experiencia para encubrir estas prácticas.
Tres días después del ataque, el Congreso destituyó a Torres Saravia, conocido como “Koki”. Su historial incluye una denuncia por violación sexual en 2020, ocurrida durante la campaña del excongresista Luis Valdez. Aunque negó las acusaciones, un audio difundido en el informe periodístico parece implicarlo de manera directa.
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El caso provocó indignación en diversos sectores políticos y sociales. La bancada de Renovación Popular y el Sindicato de Trabajadores del Congreso exigieron investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos. Tulio Vizcarra, representante del sindicato, denunció que los partidos políticos impulsan contrataciones irregulares, lo que debilita los filtros de ingreso al Parlamento.
Alianza para el Progreso (APP), partido vinculado a Jorge Torres Saravia, rechazó las acusaciones y expresó su apoyo a las investigaciones. Sin embargo, estas denuncias refuerzan la necesidad de reformar el Estatuto del Servicio Parlamentario para evitar contrataciones basadas en influencias políticas.
A pesar de las pruebas presentadas por el programa periodístico, la Fiscalía de la Nación aún no inicia una investigación formal. La bancada de Renovación Popular criticó esta inacción y solicitó a la fiscal Delia Espinoza que inicie diligencias preliminares.
Este caso no solo expone una presunta red criminal en el Congreso, sino que también demuestra la necesidad de depurar las instituciones públicas. La muerte de Vidal revela un entramado oscuro que pone en duda la credibilidad de las altas esferas políticas del país.
