El robo de medidores de agua en Arequipa ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar), los delincuentes han sustraído más de mil 200 medidores entre enero y diciembre de 2024, lo que representa un aumento del 100 % en comparación con el año anterior. Este delito afecta directamente a los usuarios y genera pérdidas significativas para la empresa.
Cada medidor robado le cuesta a Sedapar aproximadamente 114 soles, lo que obliga a la empresa a invertir 140 mil soles para reponer los equipos. Aunque Sedapar realiza estos esfuerzos, los usuarios afectados enfrentan retrasos prolongados en la reposición de los medidores. En algunos casos, la reposición demora hasta un año por la falta de stock disponible.
Luis Deza, jefe de cobranzas de Sedapar, explicó que los medidores sustraídos no tienen un uso práctico. Esto debido a que no se pueden reinstalar legalmente en el país. Los delincuentes desarman los medidores para extraer pequeñas cantidades de bronce, que luego venden en mercados de reciclaje, obteniendo un beneficio económico mínimo.
También te podría interesar: Madre clama por ayuda para salvar a su hija
Los distritos más afectados por esta problemática incluyen al Cercado, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero. A pesar de las cámaras de seguridad instaladas por las municipalidades, las autoridades han identificado a pocos responsables debido a la dificultad de rastrearlos.
Además de las pérdidas económicas, el robo de medidores interrumpe el suministro de agua potable para cientos de familias arequipeñas. Esto pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar la seguridad en las instalaciones y aumentar las medidas de vigilancia para evitar futuros robos.
Sedapar informó que trabaja para acelerar los procesos de licitación y adquisición de medidores con el objetivo de reducir los tiempos de espera para los usuarios afectados. Sin embargo, esta estrategia requiere recursos adicionales y una mejor planificación logística.
El incremento de estos delitos refleja problemas de seguridad y una economía informal que fomenta el reciclaje ilegal de metales. Es crucial que las autoridades, las empresas y la ciudadanía unan esfuerzos para erradicar estas prácticas que perjudican a la comunidad.