Por Gustavo Puma Cáceres. Planificador Urbano Territorial y Portuaria, Gobernanza Territorial y Gestión de Ciudades Puerto
El nefasto gobierno de Dina Boluarte, desde diciembre de 2022, se ha caracterizado por una intensa crisis política, social y económica que ha marcado profundamente sus dos primeros años de mala gestión y marcada corrupción. Aún sigue vigente la frase: “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”, un dicho de hace 100 años de Manuel González Prada, personaje que criticaba con mucho ímpetu a la clase política que gobernaba el país en ese entonces.
Crisis de legitimidad e impopularidad
Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, en medio de acusaciones de un intento de golpe de Estado por parte del expresidente. Esto llevó a que muchos sectores consideraran su llegada al poder como ilegítima, dado que Boluarte era percibida como una figura sin respaldo electoral directo ni conexión con las demandas populares.
Su nivel de aprobación es muy bajo, alcanzando mínimos históricos que la colocan como una de las presidentas más impopulares del mundo, con una aprobación 3 %, esto refleja el descontento generalizado en amplios sectores del país.
Violaciones de DD.HH. y muertes en protestas sociales
Una de las mayores crisis de su gobierno ocurrió durante las protestas sociales de 2022 y 2023, en las que comunidades indígenas, organizaciones sociales y otros grupos exigían su renuncia, elecciones adelantadas y una nueva constitución.
Estas protestas dejaron un saldo de al menos 50 muertos, en su mayoría civiles, debido a la represión por parte del ejército peruano. Organismos internacionales, como la ONU, Amnistía Internacional y la CIDH, denunciaron posibles violaciones de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y discriminación contra comunidades indígenas y campesinas, hasta la fecha solo han encontrado como responsable al teniente coronel del EP Jimmy Alex Vengoa Bellota, investigado por homicidio calificado.
Acusaciones de corrupción y falta de transparencia
Durante su gestión, Boluarte ha enfrentado denuncias y cuestionamientos por presunta corrupción, involucrando tanto a su prófugo hermano Nicanor Boluarte y su socio político Vladimir Cerrón, y su entorno cercano, como a altos funcionarios de su gobierno.
Además, la falta de avances significativos en la lucha contra la corrupción, un problema endémico en el Perú, ha generado la percepción de un gobierno incapaz, inepto e ineficaz de atender esta prioridad.
Incapacidad de resolver la crisis política
Boluarte ha mantenido una postura rígida frente a las demandas de elecciones adelantadas, lo que ha prolongado la incertidumbre política y el descontento ciudadano.
Su alianza con el Congreso, también muy impopular y señalado por sus propios escándalos, ha reforzado la idea de que su gobierno es una extensión de un sistema político alejado de las necesidades de la población.
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Inflación y economía («10 soles»)
La frase «10 soles» podría aludir al impacto económico que ha sentido la ciudadanía, especialmente debido a la inflación en alimentos y combustibles. 10 soles no alcanzan para cocinar el menú para una familia peruana.
La economía peruana, afectada por el contexto global y la inestabilidad interna, ha mostrado un crecimiento débil en los últimos años. El aumento de la informalidad, la pobreza y el desempleo reflejan la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar estos problemas.
En un país donde la legitimidad de sus instituciones está en el punto más bajo, la fractura entre la clase política y el pueblo se hace cada vez más evidente. El Perú, lejos de encontrar estabilidad, parece atrapado en un ciclo de descontento e ineficiencia, con pocas señales de un cambio que devuelva la confianza a su ciudadanía.
