La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) determinó que las 1071 cajas de «Entero de Jurel en Aceite Vegetal» adquiridas por la anterior gestión de la Municipalidad Provincial de Arequipa para los comedores populares no son aptas para el consumo humano. Según su informe, estos productos no cumplen con trazabilidad y son de procedencia desconocida, lo que los hace inseguros para ser distribuidos o comercializados.
En respuesta, la comuna provincial anunció que implementará medidas de disposición final y eliminación de las conservas en el menor plazo posible, cumpliendo con las disposiciones sanitarias. Además, solicitará investigaciones para identificar a los responsables de la adquisición de estos alimentos de origen dudoso.
El subgerente de Programas Alimentarios, Pedro Sanga, indicó que hace diez días la municipalidad remitió los resultados de las pruebas organolépticas y fisicoquímicas a Sanipes. Luego del envío, Sanipes pidió otros datos como guías de remisión.
Antecedentes
La comuna provincial compró estas conservas en diciembre de 2021, durante la gestión de Omar Candia, con el objetivo de entregarlas a los comedores populares. Sin embargo, la propia comuna las inmovilizó tras descubrir que el contenido no coincidía con el producto ofertado. Aunque la entidad contrató 181 mil 708 latas de jurel a la empresa Eleben por más de un millón de soles, un análisis de laboratorio evidenció que en realidad se trataba de caballa.
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La municipalidad firmó el contrato con Eleben en julio de 2021, estableciendo seis fechas de entrega. No obstante, la empresa, actualmente en liquidación, solo cumplió con tres despachos, uno de los cuales incluía las 25 mil latas ahora almacenadas. Ante estas irregularidades, la comuna resolvió el contrato en diciembre de 2021 por incumplimiento. La empresa Eleben calificó esta medida como unilateral y recurrió a un arbitraje. Desde entonces, la municipalidad mantiene las latas en almacenamiento.
Por otro lado, aunque las conservas se adquirieron hace tres años, la gestión actual asegura no estar autorizada para declarar sobre el perjuicio económico, argumentando que ya se emitió un comunicado oficial. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la devolución de una carta fianza de aproximadamente S/ 100 mil siguen sin resolverse.
La Contraloría Regional de Arequipa informó que investigará este caso para identificar responsables del daño económico generado. Las consecuencias del caso son múltiples: pérdida de recursos públicos, desconfianza en la gestión municipal y, lo más grave, la falta de alimentos para los comedores populares. Estos errores administrativos no solo perjudican a la comuna, sino a miles de personas que dependen de estas ayudas.
La eliminación de las conservas, lejos de cerrar el caso, abre un debate sobre la rendición de cuentas en la administración pública. La Coordinadora de Ollas Comunes en Arequipa exige transparencia y sanciones para quienes permitieron esta negligencia que perjudica a los recursos destinados a su población más vulnerable.
