Por: Augusto Santillana. Abogado y analista político
El derecho de huelga entendida como un mecanismo de negociación que tienen los trabajadores en defensa de sus derechos laborales, es un derecho reconocido universalmente. La OIT la reconoce en el convenio 87 y en sendas resoluciones: como una medida de presión válida de parte de los trabajadores hacía su empleador a fin de equilibrar la desigualdad originaria de las partes dentro del contrato de trabajo y con ello, conseguir mejoras laborales y sociales.
Pero como todo derecho fundamental, su ejercicio está regulado por la ley, por tanto, no es un derecho absoluto sino relativo, supeditado al cumplimiento de requisitos formales. El artículo 28 de la Constitución señala “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y fija sus limitaciones”.
Pero también existe la huelga ilegal y la huelga abusiva. La autoridad administrativa de trabajo califica la solicitud de huelga y de no cumplir con el procedimiento establecido es declarada ilegal. Está considerada como huelga abusiva aquella inmotivada. Es decir, que sin existir ninguna razón aparentemente reivindicativa, los trabajadores paralizan sus labores. Las consecuencias de una huelga ilegal o abusiva son la inmediata calificación por la Autoridad de Trabajo indicando que los huelguistas han desnaturalizado el ejercicio regular del derecho de huelga y los días no laborados son descontados de sus haberes.
Hace poco vimos cómo la Vice Gobernadora, bajo el pretexto de que las obras de la región no se vean paralizadas, cedió a las exigencias del Sindicato de Construcción Civil, que pedían el cese de la Gerente Regional de Trabajo que solo habría cumplido con su trabajo al registrar la solicitud de otro sindicato del sector. Esto exacerbó a los huelguistas. Este mismo gremio exigió que el alcalde de Bustamante y Rivero medie para que los trabajadores que vienen realizando excavaciones para el gas natural a domicilio sean cambiados por trabajadores de su sindicato. Igual presión hicieron con el Gobierno Regional, para que se cambien las condiciones del convenio suscrito con el Ministerio de Energía y Minas. Y, ya es normal que la presión que ejercen linde con la violencia y caos generalizado.
También se han gestado paralizaciones de los médicos del sector Salud, afectando a las poblaciones más vulnerables. Sin respetar las citas y las operaciones ya programadas en el hospital Goyeneche. Al ser un servicio esencial, están en la obligación de atender a la población necesitada no pudiendo paralizar del todo sus labores.
Asimismo, los catedráticos de la UNSA, también paralizan exigiendo incrementos remunerativos, nombramientos y ascensos. Afectando el año académico con el perjuicio a los miles de estudiantes que son los afectados.
Incluso, ya es normal que los trabajadores de limpieza pública, sin aviso previo, paralicen sus labores, dejando en la vía pública toda la basura con la contaminación que ello acarrea.
Lo que no se dice ni se fiscaliza por la Autoridad de trabajo, es si se cumplió con el procedimiento administrativo para declararse en huelga. Las autoridades deben poner especial atención al cumplimiento de los requisitos de huelga. Con el fin que se vinculen a las partes a ejercer su derecho dentro del marco de la Ley y que los servicios esenciales no se vean afectados en perjuicio de la población.
