El Gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en La Victoria y seis distritos del Callao por 60 días. Esta medida busca enfrentar la creciente inseguridad, especialmente en áreas comerciales como Gamarra, reforzando el control del orden interno con la Policía y las Fuerzas Armadas.
La medida se suma a las ya aplicadas en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao, marcando una expansión del esfuerzo estatal por contener el crimen. Distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres han reportado avances, aunque los resultados aún generan debate.
Durante el estado de emergencia, derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión y la inviolabilidad del domicilio se ven restringidos. Esto permite a las fuerzas de seguridad mayor margen de acción, aunque genera cuestionamientos sobre posibles abusos.
También te podría interesar: Incluyen a la Policía Nacional en investigación por muerte de Sheyla Cóndor
El emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, es un foco clave de esta intervención, buscando garantizar la seguridad en una zona estratégica para la economía en la temporada navideña. Comerciantes esperan que la medida reactive la confianza y el flujo de clientes.
Sin embargo, expertos en seguridad y derechos humanos advierten que el uso extendido de estados de emergencia podría normalizar medidas excepcionales, debilitando las libertades civiles y desviando la atención de soluciones a largo plazo, como la reforma policial.
La intervención coordinada por el Ministerio del Interior promete articular esfuerzos entre diversas entidades, pero las críticas apuntan a la falta de estrategias integrales que incluyan prevención del crimen y políticas sociales para abordar las raíces del problema.
Este estado de emergencia plantea un reto complejo: equilibrar la urgencia de la seguridad pública con la protección de derechos fundamentales. Su éxito dependerá no solo de la fuerza aplicada, sino de la capacidad del Gobierno para articular soluciones sostenibles.
