Alberto Fujimori, expresidente de Perú, falleció dejando tras de sí un controvertido legado de corrupción y violaciones de derechos humanos en la historia del país. Las deudas, tanto económicas como morales, siguen pendientes.
El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, falleció a los 86 años. Su ascenso al poder fue inesperado y con el anuncio de cambio luego de la crisis del gobierno aprista, pero su legado estuvo marcado por el autoritarismo, la corrupción y graves violaciones a los derechos humanos que afectaron profundamente a la sociedad peruana.
Autogolpe de Estado
Fujimori llegó al poder prometiendo reformas y estabilización económica en un país azotado por la hiperinflación y el terrorismo. Su política económica, conocida como el «Fujishock», logró contener la crisis financiera, pero sus efectos devastaron a los sectores más vulnerables, aumentando la pobreza y la desigualdad en el país.
En la lucha contra el terrorismo, Fujimori implementó estrategias de represión que incluyeron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Destacando las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Estos crímenes que le costaron una condena histórica por delitos de lesa humanidad.
El punto de quiebre en su gobierno llegó en 1992, cuando Fujimori disolvió el Congreso y reformó la Constitución para centralizar el poder en sus manos. Este golpe de Estado marcó el inicio de un régimen autoritario que controlaba todos los aspectos del Estado, socavando la democracia y la justicia en Perú.
Vladivideos y huída
Vladimiro Montesinos, su mano derecha, orquestó una de las redes de corrupción más grandes en la historia del país. Los llamados «vladivideos», que salieron a la luz en el año 2000, evidenciaron cómo se compraba a políticos, jueces y medios de comunicación para asegurar el control total del poder. Este escándalo terminó derrumbando su gobierno.
En medio de la creciente presión internacional y nacional, Fujimori huyó a Japón en noviembre del 2000, renunciando a la presidencia por fax. Sin embargo, en 2005, fue capturado en Chile y extraditado a Perú, donde enfrentó varios juicios por corrupción, violaciones a los derechos humanos y abuso de poder.
En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por los asesinatos cometidos por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operaba bajo su mandato. Esta sentencia, que incluyó los casos de Barrios Altos y La Cantuta, fue un hito para la justicia en Perú, al reconocer la responsabilidad del Estado en graves crímenes contra la humanidad.
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Millones robados
Además de las violaciones a los derechos humanos, Fujimori fue condenado por desviar millones de dólares del Estado para financiar su reelección y consolidar su poder. La malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito marcaron su paso por el gobierno, dejando una estela de corrupción sin precedentes en el país.
Uno de los aspectos más discutidos tras su condena fue la reparación civil que se le impuso. Fujimori debía pagar más de 57 millones de soles como compensación al Estado y a las víctimas de sus crímenes. Sin embargo, hasta el momento de su muerte, gran parte de esa deuda seguía sin ser saldada.
Su liberación temporal en 2017, tras un indulto humanitario otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue otro episodio polémico en su vida política. Este indulto fue considerado por muchos como un pacto político, y fue revocado poco después por la Corte Suprema, que determinó que no existían razones humanitarias justificadas.
A pesar de las evidencias abrumadoras de corrupción y violaciones de derechos humanos, Fujimori seguía contando con un sector de la población que lo apoyaba. Sin embargo, su gobierno dejó un legado de destrucción institucional, corrupción rampante y una sociedad profundamente dividida.
El modelo económico que impulsó, aunque estabilizó temporalmente al país, profundizó la precarización de los servicios públicos y creó una desigualdad estructural que aún persiste. Los sectores más afectados durante su gobierno no solo sufrieron la represión, sino también la desatención estatal que agravó sus condiciones de vida.
Muerte y futuro
La muerte de Fujimori marca el fin de una era en la política peruana, pero las cicatrices que dejó siguen presentes. La corrupción que fomentó y los crímenes de su gobierno son recordatorios de los peligros del autoritarismo y el abuso de poder en la política.
Su hija, Keiko Fujimori, ha intentado mantener vivo el Fujimorismo en la política nacional, presentándose en varias elecciones presidenciales, pero la sombra de los crímenes de su padre siempre ha afectado su imagen. A pesar de los intentos de reivindicar su legado, la historia juzga duramente los excesos de su gobierno.
Con su fallecimiento, Alberto Fujimori deja un país que aún lidia con las secuelas de su gobierno. Su contribución a la lucha contra el terrorismo no justifica las violaciones a los derechos humanos ni la corrupción que impregnó su mandato. Perú enfrenta el desafío de seguir adelante, aprendiendo de los errores del pasado para construir un futuro más justo.
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