La crisis se agudiza en el Instituto de Medicina Legal de Arequipa que enfrenta una crisis por la falta de insumos, personal y equipos, situación que ha llevado a la convocatoria de una huelga nacional indefinida. Sin mejoras desde la última paralización, los trabajadores demandan soluciones urgentes para garantizar una justicia eficiente.

El Instituto de Medicina Legal de Arequipa, parte crucial del Ministerio Público, atraviesa una crisis por la carencia de insumos y equipos básicos. Según Claudia Mostajo, secretaria general del sindicato de la fiscalía, esta situación ha llevado a la convocatoria de una huelga nacional indefinida demandando soluciones inmediatas.

La falta de presupuesto ha impedido que la división funcione en condiciones adecuadas. Mostajo señaló que no cuentan con reactivos, equipos de laboratorio ni computadoras actualizadas, dificultando la realización de exámenes médicos y peritajes esenciales para las investigaciones penales. Este déficit afecta directamente a la celeridad y calidad de los procesos judiciales.

A pesar de las promesas de mejoras, tras una mesa de trabajo organizada a inicios de año, no se ha avanzado en la solución de estos problemas. La falta de acción ha generado un cuello de botella en la atención. Existe el riesgo de que las muestras que no pueden procesarse en Arequipa deban enviarse a Lima, prolongando aún más los tiempos de espera.

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La situación se agrava con la falta de personal. Actualmente, Medicina Legal opera con el mismo número de trabajadores que hace 15 años, pese a que la demanda ha crecido significativamente. Mostajo informó que, en promedio, se atienden más de 100 casos diarios, lo que sobrecarga a los pocos empleados disponibles.

La huelga nacional indefinida, programada para finales de septiembre, no solo involucra a los trabajadores de Medicina Legal, sino también a todo el personal administrativo del Ministerio Público. La protesta busca presionar para que se otorgue un presupuesto adecuado que permita a la institución cumplir con su rol en la administración de justicia.

Finalmente, la situación ha llegado a tal extremo que incluso los pagos de sueldos al personal de limpieza y vigilancia han sido retrasados. Aunque se han realizado pagos paliativos, Mostajo enfatiza que una solución integral es imprescindible para garantizar la bioseguridad y la correcta vigilancia de las instalaciones.

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