Yoon Suk-yeol sorprendió al mundo al declarar y luego levantar la ley marcial en Corea del Sur en cuestión de horas. La medida, vista como un intento autoritario, desató protestas masivas y agrava la crisis institucional.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial en un intento de «proteger el orden democrático» frente a supuestas amenazas pronorcoreanas. Sin embargo, horas después, en un giro inesperado, anunció su revocación tras intensas protestas y rechazo político.
La ley marcial transfirió funciones clave al Ejército, limitando libertades civiles. Esto generó una respuesta inmediata del Parlamento, controlado por la oposición, que convocó una sesión urgente para bloquear la medida, considerada por muchos como una maniobra antidemocrática.
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La decisión de Yoon se interpretó como un intento de consolidar poder frente a un Parlamento hostil. Desde la derrota de su partido en abril, Yoon ha enfrentado una serie de bloqueos legislativos y una creciente presión política, incluida la amenaza de destitución de varios ministros.
La rápida derogación de la ley marcial, junto con la presencia militar en el Parlamento, exacerbó la percepción de un desliz autoritario. Manifestantes y políticos cuestionan la legitimidad del decreto y exigen mayor transparencia y responsabilidad del presidente.
En medio de esta crisis, Yoon enfrenta un nivel de aprobación históricamente bajo. Escándalos de corrupción, incluida la implicación de la primera dama, han erosionado aún más su posición, lo que podría intensificar las tensiones políticas.
La oposición, liderada por Lee Jae-myung, está decidida a frenar cualquier intento de Yoon por gobernar unilateralmente. Este choque de poderes ha sumido a Corea del Sur en una de sus crisis políticas más profundas desde la democratización en 1987.
El breve episodio de la ley marcial en Corea del Sur revela un país dividido y un gobierno que lucha por mantener su legitimidad. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si Yoon puede recuperar el control o si enfrentará un posible juicio político.
