El exgobernador de Junín y líder de Perú Libre es investigado por colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo por el caso Antalsis. Cerrón ya cumple medidas preventivas en otros procesos penales.

El exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha sido nuevamente objeto de una medida cautelar, esta vez por el caso Antalsis. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó una prisión preventiva de 18 meses contra Cerrón, tras la solicitud de la Fiscalía. El proceso penal lo investiga por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado.

La acusación contra Cerrón está relacionada con su presunta participación en una red criminal dirigida por Martín Belaunde Lossio, un exasesor cercano al ex presidente Ollanta Humala. Según la Fiscalía, ambos personajes, junto a otros implicados, habrían defraudado al Estado en más de 26 millones de soles a través de contrataciones irregulares de obras públicas durante el mandato de Cerrón como gobernador regional, entre 2011 y 2014.

El caso Antalsis involucra un convenio interinstitucional entre la región Junín y la empresa SIMA, la cual a su vez subcontrató a la empresa privada Antalsis para ejecutar las obras públicas. La Fiscalía sostiene que este entramado se utilizó para desviar grandes sumas de dinero público a través de prácticas fraudulentas, afectando gravemente las finanzas del Estado y comprometiendo el desarrollo de la región.

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El prontuario de Cerrón

Cerrón, quien ya enfrenta una condena de tres años y seis meses de prisión preventiva por el caso Aeródromo Wanka, se encuentra prófugo desde 2023. La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción había dictado esta medida en respuesta a los cargos de colusión por un contrato irregular en dicho caso. La situación legal de Cerrón empeora a medida que se acumulan las investigaciones en su contra por distintos delitos de corrupción.

Además de la medida dictada por el caso Antalsis, Cerrón también enfrenta otra prisión preventiva de 24 meses en el marco de la investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre. Estas acusaciones han agravado aún más su situación legal y han aumentado la presión sobre su liderazgo político.

La investigación por el caso Antalsis ha puesto nuevamente en el centro del debate la corrupción en los gobiernos regionales y la falta de control en la ejecución de obras públicas. A pesar de los intentos de Cerrón de evadir la justicia, la Fiscalía sigue adelante con el proceso, lo que podría llevar a nuevas sentencias y medidas en su contra en los próximos meses.

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