El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas declaró fundado en parte la suspensión contra cuatro directivos del colegio. Se les acusa de otorgar tarjetas electrónicas de consumo personal a trabajadores que no les correspondía.
Tres funcionarios del Colegio Militar Francisco Bolognesi no podrán ejercer cargos públicos durante un año por haber cometido hechos irregulares con responsabilidad administrativa. Se trata de Luis Alberto Ortiz Herrera (director), Walter José Morticorena Arias (jefe de Administración) y Jacobo Moisés Morticorena Arias (jefe de Recursos Humanos). Estos fueron investigados por otorgar tarjetas electrónicas de consumo personal a trabajadores administrativos del plantel, cuando no les correspondía. Con lo que se generó un perjuicio de 599 mil 793 soles.
En un inicio, la Contraloría, mediante un informe de control específico N° 013-2023-2-0710-SCR, fijó una sanción de inhabilitación de 3 años y 8 meses para el director; mientras que los otros dos investigados obtuvieron suspensiones de 3 años y 4 meses. Tras estar disconformes, apelaron las resoluciones. Y finalmente el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas redujo las sentencias a 1 año de prohibición para ejercer cargos públicos.
Bonos irregularidades
Durante los años 2021 y 2022, los funcionarios y servidores públicos llevaron a cabo una directiva que promovía la entrega de tarjetas electrónicas para trabajadores del régimen laboral N° 276 (administrativos). Sin embargo, la entrega de estos vales eran irregulares. Sucede que la alimentación puede computarse como parte de las condiciones de trabajo, siempre que no se trate de la entrega de un monto se dinero de naturaleza remunerativa.
Esto significa que la alimentación es “aquella referida a la que el servidor requiera durante la jornada legal de trabajo”; es decir, se equipara la alimentación a una condición de trabajo. En caso de la entrega de alimentos vía tarjetas electrónicas no cumpla con las características propias de una condición de trabajo, se constituiría en una ventaja patrimonial, configurándose así un incremento remunerativo, lo cual se encuentra prohibido por las disposiciones presupuestales vigentes, como la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público.
Pese a esta advertencia, Luis Humberto Ortiz Herrera, quien fue designado como director el 1 de enero del 2021, aprobó la directiva N° 001-2021-IEPM-CMFB/GRA donde se da el visto bueno para la adquisición de estas tarjetas electrónicas. Este acto se le observó porque la entrega no cumplía los criterios para configurar una condición de trabajo. Aún así, llevaron adelante el proceso de adjudicación por un monto de 236 mil 045 soles con la empresa Representaciones Internacionales SAC. Al año siguiente (2022), el mono ascendió a 363 mil 748 soles.
Otros responsables
La investigación incluye a otros funcionarios. Es el caso de Walter José Morticorena Arias, quien fungía como jefe de Recursos Humanos durante el 2021. El funcionario otorgó conformidad a la Resolución Directoral Ejecutiva del director, con el cual se modificó el beneficio al personal que desarrolla trabajo remoto y modalidad mixta. Finalmente, autorizó y dio trámite a los pagos mensuales a los proveedores.
Por otro lado, Jacobo Moisés Morticorena Arias, en su calidad de exjefe de Administración, no observó que se consignaron montos en exceso para los beneficiarios. Solicitó mediante hojas de requerimientos el pago de alimentos, entre omisiones que realizó en su calidad de funcionario del Colegio Militar Francisco Bolognesi.
En su momento, la asistente social Marcela Eliana Rodríguez González también fue pasible en la investigación administrativa. Se le atribuyó emitir de forma mensual hojas de coordinación, a través del cual se requirió el pago de planillas de apoyo de alimentos. Pero ahora quedó libre de toda acusación por decisión del tribunal.
Hay que precisar que, para este caso se agotó la vía administrativa, toda vez que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es el último ente que tiene jurisprudencia para sancionar a los funcionarios públicos. La Contraloría ya tiene las copias de estos funcionarios sancionados administrativamente.
1 comment
Comments are closed.