El juez Concepción Carhuancho dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte por liderar una supuesta organización criminal para captar poder político y económico. Su paradero es desconocido.
El juez Richard Concepción Carhuancho aprobó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Según la Fiscalía, lideraba una organización criminal que buscaba consolidar el control político y económico mediante influencias ilícitas, afectando instituciones públicas clave.
El magistrado destacó que, aunque Boluarte tiene arraigo familiar, no acreditó un domicilio fijo ni vínculos laborales sólidos, lo que incrementa el riesgo de fuga. “En libertad, es probable que ponga en riesgo el éxito del proceso judicial”, señaló en su resolución, justificando la medida cautelar.
Además de Boluarte, otras figuras vinculadas a la red, como Jorge Luis Ortiz Marreros y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, también recibieron prisión preventiva. La investigación detalla que la red habría designado prefectos para captar aportes económicos y afiliaciones al partido Ciudadanos por el Perú.
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Influencia política
Testimonios claves, como el de Víctor Torres Merino, amigo de infancia de Boluarte, revelan cómo este utilizó su influencia para beneficiar allegados en programas estatales como Qali Warma y Provías Descentralizado. Estas acciones consolidaron su control sobre cargos estratégicos y facilitaron presuntas actividades ilícitas.
La Fiscalía asegura que la red operaba bajo la dirección de Boluarte, quien incluso habría mencionado contar con el respaldo de la presidenta. Se utilizaron reuniones virtuales para organizar estrategias y designaciones que fortalecieran el proyecto político y garantizaron beneficios económicos a sus integrantes.
Pese a la orden judicial, Nicanor Boluarte se encuentra en paradero desconocido desde el 17 de noviembre, lo que refuerza la hipótesis de un intento de evasión. Su abogado admitió no haber logrado comunicarse con él, mientras vecinos de su domicilio aseguran no haberlo visto recientemente.
El caso pone en evidencia el impacto de las redes de corrupción en el sistema político peruano. Mientras las autoridades buscan a Boluarte, su desaparición plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial y la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción en las más altas esferas.
