Un violento choque entre bandas rivales en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, dejó al menos 15 muertos y 14 heridos. Este nuevo episodio de violencia resalta la crisis penitenciaria que vive Ecuador.
La violencia en las cárceles ecuatorianas volvió a estallar el pasado martes, cuando un enfrentamiento entre bandas rivales dejó un saldo trágico de 15 muertos y 14 heridos en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil. Este centro penitenciario, el más grande del país, ha sido escenario de numerosas masacres en los últimos años, principalmente debido a la pugna entre grupos del narcotráfico.
Las autoridades penitenciarias, a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), informaron que el enfrentamiento ocurrió en uno de los pabellones de la prisión. A pesar del despliegue inmediato de fuerzas de seguridad, las imágenes difundidas mostraron escenas desoladoras, con cuerpos de los reos tendidos en el suelo.
El caos dentro de la penitenciaría fue rápidamente controlado por un contingente de agentes policiales y militares. No obstante, los incidentes no son aislados. En los últimos tres años, las cárceles de Ecuador han sido escenario de más de 460 muertes, en lo que se considera una de las crisis penitenciarias más graves de Latinoamérica, impulsada por el narcotráfico y las luchas de poder internas entre facciones criminales.
En el contexto de estas masacres, el gobierno ecuatoriano ha recurrido a la intervención militar en las cárceles, dado que las fuerzas policiales no han logrado contener la violencia. La Penitenciaría del Litoral, que alberga a unos 6 mil 800 reclusos, está bajo un control militar absoluto para evitar que los enfrentamientos se expandan a otras áreas del centro o a otras prisiones del país.
Los choques entre las bandas, principalmente vinculadas al narcotráfico, son el reflejo de un sistema penitenciario desbordado y altamente vulnerable. Las disputas por el control de las cárceles se han intensificado a medida que los grupos criminales, tanto nacionales como internacionales, luchan por obtener recursos y territorio, lo que genera una escalada de violencia con consecuencias devastadoras para los internos y el personal de seguridad.
El Estado ha comenzado a implementar medidas de emergencia para tratar de mitigar esta crisis, pero la solución parece lejana. Los reclusos, en su mayoría, operan dentro de un sistema donde las autoridades tienen limitada capacidad para intervenir, y las bandas se mantienen organizadas, con acceso a armas y recursos que les permiten desafiar la autoridad penitenciaria.
