La esperada adquisición de patrulleros para la Región Policial de Arequipa, impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y liderada por el gobernador Rohel Sánchez Sánchez, se concretó finalmente el 10 de febrero de 2026, cuando la entidad otorgó la buena pro, por 18.1 millones de soles a la empresa Maquinarias S.A. para la compra de 100 camionetas Nissan 4×4 destinadas a reforzar el patrullaje policial en la región.
El anuncio buscó mostrar el cierre de un proceso que durante más de tres años no podía concretarse; sin embargo, tras una exhaustiva revisión al expediente por parte del equipo de investigación de Diario Revelación, ventila una serie situaciones que el ciudadano debe conocer y los entes de fiscalización deberían poner el ojo en este proceso.
Modificaciones en las reglas del proceso, unidades incompletas, reducción de requisitos técnicos para los profesionales, un comité de selección sin el perfil técnico exigido que finalmente otorgó la adjudicación al único e insistente postor que se presentó en tres oportunidades. Es decir, una lista de presuntas irregularidades que serán explicadas a detalle en la presente investigación.
LA TERCERA ES LA VENCIDA
El proceso comenzó en 2023 con la Resolución Ejecutiva Regional N.° 339-2023-GRA, bajo la modalidad IOARR, para adquirir 25 patrulleros por S/ 5.2 millones. El primer intento quedó desierto por incumplimientos técnicos. Meses después, el Comité Especial otorgó la buena pro al Consorcio Virgencita de Chapi, pese a no acreditar experiencia suficiente. Las camionetas incluso fueron pintadas con logos del GRA antes de firmar el contrato, lo que motivó la intervención fiscal y la posterior anulación del proceso el mismo año.
En 2024, la gestión cambió de estrategia y firmó un convenio con el Ministerio del Interior bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), elevando el presupuesto a S/ 20 millones para adquirir 100 patrulleros, pero tampoco prosperó. Ajustes técnicos, trabas administrativas y la imposibilidad de cerrar expedientes anteriores dejaron otro año perdido.
En 2025 se lanzó la primera convocatoria para captar una empresa financista. Fue declarada desierta por graves deficiencias en las bases: cotizaciones desactualizadas y omisión de equipamiento esencial. Una segunda convocatoria también fracasó por exigencias técnicas que los postores no pudieron cumplir. Recién en una tercera convocatoria, en diciembre de 2025, el proceso avanzó. Pero lo hizo bajo condiciones sustancialmente distintas que llaman la atención.
PATRULLEROS INCOMPLETOS
Diario Revelación, revisó a detalle las bases integradas de este último proceso, y resulta que las camionetas adquiridas para patrullaje policial únicamente contarán con jaula antivuelco, sirena policial y barra de luces, un equipamiento mínimo que dista de los estándares tecnológicos utilizados actualmente en operaciones policiales.
Las unidades, NO INCORPORARÁN radios de comunicación VHF o UHF, cámaras internas o externas, ni sistemas tecnológicos de vigilancia, herramientas consideradas fundamentales y necesarias, para la eficiente coordinación operativa y la recopilación de evidencias durante intervenciones policiales, en el marco de la lucha contra la delincuencia.
¿OTRO GASTO?
Diario Revelación, entrevisto a la presidenta del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Norma Ortega, la máxima autoridad del ente de fiscalización política, quien advirtió que no es posible incorporar equipamiento adicional si este no fue considerado en el expediente aprobado, por lo que, de ser necesario, tendría que iniciarse un nuevo proceso de inversión.
“No pueden convocar nada que no sea parte del expediente. Tendrían que elaborar un nuevo expediente técnico o una nueva IOAR para poder complementar ello”, precisó.
La consejera agregó que añadir equipamiento posteriormente no sería legal dentro del mismo proceso. “Si no está en el expediente formulado y aprobado, sería ilegal que ellos puedan convocar algo que no es parte del expediente. Tendría que convocarse una nueva IOAR”, explicó, lo que en la práctica implicaría un nuevo gasto de recursos públicos para completar el equipamiento policial.
DESLINDA RESPONSABILIDADES
Por su parte, el gerente general del GRA, Berly Gonzales, deslindó responsabilidades señalando la falta de presupuesto, por lo que la definición del equipamiento responde a coordinaciones con el Ministerio del Interior.
“Eso ya sería responsabilidad del Ministerio del Interior”, sostuvo el funcionario. Añadió que el Gobierno Regional solo se comprometió a adquirir las camionetas conforme a lo establecido en las bases. “Nosotros estamos colaborando con el Ministerio del Interior y lo hacemos en función a nuestras capacidades financieras y presupuestales. En la coordinación, se determinó que las camionetas vayan equipadas con lo que consideran las bases”, indicó.
Gonzales también señaló que la entidad solo asumió la compra de las camionetas con el equipamiento básico, sin precisar cuándo o si se completará el resto de herramientas necesarias para el patrullaje policial. “Nosotros lo que nos hemos comprometido es a la adquisición de los patrulleros con el equipamiento básico que indican las bases”, afirmó.
MAQUINARIAS S.A – ¿EXPEDIENTE HECHO A SU MEDIDA?
En la primera convocatoria realizada entre junio y agosto de 2025, Maquinarias S.A. fue descartada al no superar la evaluación técnica; en la segunda oportunidad, en septiembre del mismo año, volvió a presentarse, pero el proceso fue declarado desierto debido a que no cumplió con el perfil técnico exigido en las bases. Sin embargo, en la tercera convocatoria, realizada en diciembre de 2025, Maquinarias S.A. fue el único postor formal que presentó una propuesta y terminó adjudicándose la buena pro.
Mientras que en la primera y segunda convocatoria del proceso no se permitía que los profesionales ocuparan varios cargos simultáneamente; sin embargo, en la tercera convocatoria esta restricción desapareció, permitiendo que el mismo grupo reducido de personas cubriera varios puestos clave dentro de la propuesta presentada por Maquinarias S.A.
En la revisión final, incluso se admitió al ingeniero Héctor Darío Salazar Díaz, quien inicialmente había sido observado, permitiéndole desempeñarse al mismo tiempo como Ingeniero Responsable Técnico de la ejecución y como Especialista Mecánico en la elaboración del expediente técnico. A ello se suma que la experiencia mínima exigida para los profesionales se redujo de tres a un año.
“JUEZ Y PARTE”
La comparación de documentos revela uno de los hechos más delicados del proceso. El 8 de marzo de 2025, el ingeniero García Romero firmó y selló la Ficha Técnica VTC1-H, documento que establece las especificaciones técnicas del Estado, en su calidad de personal de la División de Logística de la Policía Nacional. Sin embargo, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el mismo profesional fue evaluado y admitido como Ingeniero Mecánico Especialista en la propuesta de Maquinarias S.A. durante la tercera convocatoria del proceso.
Este cruce de funciones generaría un posible conflicto de intereses, pues el ingeniero pasó de participar en la elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto a integrar el equipo de la empresa encargada de ejecutarlo.
El Comité Especial de Selección que evaluó y finalmente aprobó la propuesta de Maquinarias S.A. estuvo conformado por la abogada Alejandra Midolo Vizcardo de Mannheim, el ingeniero Delfor Apaza Chambi y el coronel PNP (r) José Miguel Briones Silva, quien participó como miembro suplente.
Consultado por este medio, Briones negó que haya existido direccionamiento en favor de la empresa adjudicataria y sostuvo que la compañía no fue rechazada en convocatorias anteriores, sino que los procesos previos se frustraron por aspectos administrativos. “Ninguna empresa es rechazada. Solo que no cumplen algunos ítems administrativos”, explicó.
Respecto a la reducción de los requisitos técnicos para los profesionales, Briones confirmó que la modificación fue deliberada y buscó dar mayor viabilidad al proceso. “Dijeron la vez pasada que se ponían muchos años a los profesionales, como si fuese un candado. Lo que queremos es adquirir los patrulleros y cumplir lo que se está prometiendo por parte del Gobierno Regional.
¿EXISTIRÍA DIRECCIONAMIENTO PARA LA BUENA PRO?
Por su parte, la presidenta del CRA, Norma Ortega sostuvo que la modificación de los requisitos podría haber terminado favoreciendo a un postor específico, aunque precisó que el Consejo Regional no interviene directamente en los procesos de contratación. “Se habría hecho a medida de esta empresa, pero como Consejo Regional no podemos intervenir en un proceso de contratación como tal”.
Ortega también discrepó con la justificación planteada por Briones respecto a la reducción de exigencias técnicas y advirtió que flexibilizar los requisitos en contrataciones públicas suele terminar en resultados deficientes. “Yo sí discrepo con lo que señala Briones, porque luego por eso tenemos productos defectuosos o resultados defectuosos de este tipo de contrataciones y de proveedores al Estado. Creo que se debe ser exigente”, afirmó.
SIN PERFIL TÉCNICO
Es preciso señalar que el coronel PNP (r) José Miguel Briones Silva, participó como miembro suplente del comité de selección. Sin embargo, no contaba con el perfil técnico exigido por la normativa para procesos bajo el mecanismo de Ley N.° 29230, cuyo reglamento establece que, de los tres integrantes del comité, al menos dos deben tener conocimientos técnicos en el objeto del proceso. En este caso, solo uno habría cumplido dicho requisito, lo que deja en dudas sobre el quórum técnico mínimo y la validez del proceso.
El coronel en retiro, restó importancia a este punto y defendió la reducción de requisitos técnicos al señalar que la compra de vehículos no requiere mayor especialización. “Para comprar un vehículo con características definidas, que ya las establece la Policía, no creo que sea necesario tener profesionales con tres años de experiencia. Comprar un patrullero no es nada del otro mundo”, sostuvo.
Ante estos cuestionamientos, la presidenta del ente fiscalizador, Norma Ortega, anunció que solicitará información oficial y no descartó la conformación de una comisión investigadora para revisar el proceso.
AREQUIPA COMPROMETE SU FUTURO
La adquisición de los patrulleros en Arequipa se ejecuta bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), un esquema que permite a empresas privadas financiar proyectos públicos a cambio de certificados que luego se pagan con recursos del Estado. Para el año 2026, el Gobierno Regional de Arequipa dispone de un tope máximo de S/ 1,311 millones para emitir Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), según el Decreto Supremo N.° 252-2025-EF del Ministerio de Economía y Finanzas, monto calculado en función del canon, sobre canon y regalías que recibe la región.
Sin embargo, al 23 de febrero de 2026, una revisión del portal oficial de ProInversión, revela que la actual gestión ya habría comprometido más de S/ 800 millones bajo esta modalidad, lo que representa un alto riesgo fiscal para Arequipa. En términos simples, estos proyectos se pagarán con dinero del futuro, reduciendo el presupuesto disponible para las próximas autoridades regionales.
Esto significaría que la región estaría quedando prácticamente endeudada con sus propios recursos futuros, limitando la capacidad de las siguientes gestiones para ejecutar nuevas obras, responder a emergencias o invertir en sectores prioritarios como salud, educación y seguridad. Este nivel de compromisos evidenciaría una fuerte dependencia a través de la modalidad de Obras por Impuestos, y al mismo tiempo, expondría la ineficiencia del ejecutivo regional, para gestionar proyectos con recursos propios, recurriendo a OXI, como salida ante la incapacidad técnica y administrativa para ejecutar inversión pública de manera directa, planificada y eficiente en el buen manejo de los recursos del Estado.
El contrato por S/ 18.1 millones no borra tres años de improvisación, procesos anulados y bases reformuladas. Lo que debía ser una solución urgente para la seguridad ciudadana terminó convertido en un proceso al parecer, técnicamente inconsistente, financieramente riesgoso y administrativamente cuestionado.
