Por: Augusto Santillana. Abogado y Analista Político.
El derecho al voto en el Perú, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley Orgánica de Elecciones, es obligatorio hasta los 70 años. Pasada esa edad, es facultativo.
Para estas elecciones generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado el padrón electoral oficial, en base al cual, 27,325,432 peruanos han quedado habilitados para ejercer su derecho al voto.
De este grueso, el 26% de los peruanos habilitados para votar el próximo 12 de abril tiene entre 18 y 29 años, que representan en número, 6 millones 891 mil 645 jóvenes, siendo el grupo más numeroso del padrón electoral. Por lo que, electoralmente, el voto joven adquiere especial relevancia, más aún si se considera, que 2.5 millones, lo harán por primera vez. Por lo que para todos los candidatos a la presidencia y las listas que las integran, vienen dirigiendo sus estrategias de campaña a este bloque de votantes, pues saben que su voto puede inclinar la balanza en la contienda electoral.
Por lo tanto, la responsabilidad ciudadana que les toca asumir a los jóvenes votantes es de vital importancia. Porque este derecho al voto, por lo mismo que es obligatorio, conlleva a la vez, el deber de ejercer un voto informado. Sabemos que todo derecho debe ejercerse responsablemente. Un derecho implica un beneficio, un privilegio, una prerrogativa. Para un sistema democrático tan debilitado como el nuestro, la construcción sólida de nuestro Estado se fortalece a través del ejercicio democrático de elegir a nuestras principales autoridades nacionales, que decidirán los destinos del Perú en los próximos 5 años.
Sabemos que como todo latinoamericano, las emociones determinan muchas de nuestras decisiones. Simpatizamos con el candidato o candidata que nos sonríe, que nos abraza, que nos da la mano. Que, nos obsequia un taper, un lapicero, un fósforo. Que, se toma un selfie con nosotros, que hace de su campaña un show mediático, farandulero y hasta denigrante, con tal se generar emociones positivas en nuestro subconsciente para decidir nuestro voto por dichos individuos; que si nos detenemos a conocer su plan de gobierno, sus propuestas en salud, en educación en defensa y reconocimiento de derechos fundamentales. Que si nos detenemos a informarnos de sus hojas de vida, de su patrimonio, de las sentencias penales firmes que tienen; quizá no los elegiríamos nunca. Eso sería lo más lógico en un razonamiento elemental, serio y responsable.
Pero, hemos visto que a pesar de que conocemos que la mayoría de candidatos, tiene sus “anticuchos” grandes cual “apanados” en frente de nuestros rostros, seguimos eligiéndolos. Personajes cuestionados, denunciados, sentenciados, de dudosas credenciales democráticas, son los primeros en repetir el plato. En ello, los electores en general, somos irresponsables con la Patria y por ello, las continuas corruptelas políticas que venimos padeciendo desde hace muchas décadas en nuestra vida republicana, por no asumir algo elemental, cívico y de principios: hacer un uso responsable de este derecho al voto.
Si fuese un voto facultativo, los irresponsables podrían liberarse de la obligatoriedad de votar. Pero, sabemos que nuestras democracias son muy débiles y dependientes de los vaivenes coyunturales de la política. No se construyen políticas de Estado y si las hay, no se respetan ni se continúan. Es muchas veces, la corrupción, los lobbies, los favores y acuerdos bajo la mesa, lo que prima. Por lo mismo que votar para muchos, arrastra intereses particulares donde prima lo lucrativo o, a veces, un acto meramente superficial, coyuntural, con el afán de no pagar una multa.
