Por: Omar J. Candia Aguilar. ocandia@unsa.edu.pe
En materia de seguridad ciudadana, uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país, es la alta tasa de pérdidas de vidas humanas por día, como consecuencia de la extorción y el sicarito.
Hace poco más de quince años, el Perú —junto con Chile— figuraba entre los países con menor tasa de homicidios en América Latina. En 2013, Chile registraba 3.15 homicidios por cada 100 mil habitantes y el Perú 6.61, cifras que en ese momento situaban al país en una posición relativamente favorable dentro de la región (fuente: DW). Sin embargo, en los últimos años la criminalidad ha aumentado de manera sostenida en América Latina, y el Perú ya no se encuentra entre los países más seguros. Para el año 2025, entre los países con menor tasa de homicidios destacan El Salvador, Argentina y Chile.
El Salvador reportó 82 homicidios en 2025, lo que representa una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes. No obstante, algunos analistas advierten que el gobierno salvadoreño utiliza una definición más restrictiva de homicidio que la empleada por otros países, ya que ciertos casos —como muertes en enfrentamientos con la policía, asesinatos en prisiones o cuerpos hallados en fosas clandestinas— no siempre se incluyen en las estadísticas oficiales. Por su parte, Argentina registra una tasa de 3.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Chile alcanza 5.4. El contraste resulta evidente cuando se observa la situación peruana, el país registra 10.7 homicidios por cada 100 mil habitantes (fuente: balance regional de InSight Crime para 2025).
Las cifras más recientes generan aún mayor preocupación. De acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), durante los primeros días del actual gobierno el país ha alcanzado un promedio de 6.10 asesinatos por día. Detrás de cada número hay una víctima, una familia afectada y una sociedad que percibe con creciente inquietud el deterioro de la seguridad pública.
El panorama se agrava en un contexto de inestabilidad política. En la última década, el Perú ha tenido 8 presidentes, una rotación que evidencia la fragilidad institucional del país. Esta situación suele traducirse en gobiernos sin programas claros en materia de seguridad ciudadana, sin equipos técnicos y con respuestas improvisadas frente a la criminalidad. A ello se suma un Congreso que con frecuencia recurre al populismo legislativo, aprobando normas al calor de la coyuntura y bajo la premisa equivocada de que el endurecimiento de las penas resolverá el problema de la inseguridad. La experiencia demuestra que aumentar las sanciones penales, por sí solo, no reduce la criminalidad ni desarticula las organizaciones delictivas.
La inseguridad ciudadana debe abordarse de manera integral, combinando estrategias de prevención, control y disuasión del delito, así como políticas efectivas de reinserción social. El objetivo no debe limitarse a construir más cárceles, sino a reducir los delitos y la tasa de homicidios. Para ello es indispensable la articulación de los tres niveles de gobierno, junto con programas de prevención dirigidos a jóvenes en situación de riesgo y políticas públicas que generen oportunidades en las zonas con mayor incidencia delictiva. Por su parte, la Policía Nacional del Perú también requiere fortalecer sus capacidades mediante capacitación, inteligencia, tecnología y logística para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas al sicariato y la extorsión.
En definitiva, la lucha contra la inseguridad no se resolverá con medidas aisladas ni con políticas pensadas solo para un periodo de gobierno. El país necesita consensos amplios y duraderos, capaces de traducirse en verdaderas políticas de Estado orientadas a garantizar un país más seguro.
