Este miércoles 11 de marzo, Arequipa amaneció con una severa crisis de movilidad. Desde las primeras horas del día, cientos de ciudadanos, entre escolares, universitarios y trabajadores, quedaron varados en paraderos de distintos puntos de la ciudad debido a la drástica reducción de buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT).
La situación se originó luego de que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) impidiera el incremento del pasaje de S/1.00 a S/1.50, decisión que generó el rechazo de empresas concesionarias y conductores. La comuna había advertido un día antes, durante operativos de fiscalización, que las unidades debían respetar la tarifa establecida en los contratos de concesión.
Como resultado, el servicio de transporte público se redujo considerablemente, lo que obligó a miles de ciudadanos a caminar largas distancias o buscar alternativas para llegar a sus destinos.
PROTESTA TRANSPORTISTAS
Durante la mañana, conductores se movilizaron en el distrito de Cerro Colorado, específicamente por el puente Añashuayco, en protesta contra la decisión municipal de impedir el aumento tarifario.
Uno de los transportistas explicó que el incremento responde al alza en los combustibles. Según indicó, hasta la semana pasada gastaban aproximadamente 150 soles diarios para abastecerse de combustible, mientras que actualmente el gasto habría aumentado hasta los 280 soles.
Los conductores señalaron que el aumento a S/1.50 sería temporal, mientras se normalizan los precios del combustible.
TOLERANCIA LABORAL
La crisis del transporte generó preocupación también en el ámbito laboral. La gerenta regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Catherine Milagros Rodríguez Torreblanca, advirtió que la falta de unidades afectó la llegada de trabajadores a sus centros laborales.
Ante esta situación, anunció que su despacho exhortará a las empresas a aplicar flexibilidad en los horarios de ingreso.
Asimismo, la funcionaria explicó que el tiempo de desplazamiento se incrementó considerablemente debido a la escasez de transporte. “Personas que antes tomaban media hora, hoy demoran dos o tres horas para llegar”, afirmó.
Además, sugirió que las empresas prioricen el teletrabajo cuando sea posible. “Debemos proteger la vida y la salud física y mental de los trabajadores”, sostuvo.
ATAQUES A BUSES
La crisis también derivó en episodios de violencia contra algunas unidades que sí intentaron operar (algunos informales). En sectores como Zamácola, el puente Santa Rosa y el badén en Paucarpata, grupos de aproximadamente 15 personas obligaron a bajar a los pasajeros y pincharon las llantas de los buses.
Asimismo, el gerente de transporte de AQP Masivo, Fredy Chávez, denunció que al menos 20 unidades resultaron afectadas. “Nosotros no hemos hecho ninguna convocatoria de paralización”, aseguró.
Según detalló, 12 buses fueron atacados en Zamácola, mientras que otras 8 unidades sufrieron daños en el puente Santa Rosa, la avenida de Jesús y el badén. Además, dos buses registraron parabrisas rotos. “Han bajado las llantas a varias unidades y a dos les rompieron el parabrisas”, señaló, al pedir la intervención de la Policía.
REUNIÓN MUNICIPAL
Frente al caos vehicular, alrededor de las 8 de la mañana se realizó una reunión de emergencia en la MPA con las concesionarias, la fiscal Cecilia Ampuero, el coronel PNP Raúl Acosta y la comandante Karla Pacheco, jefa de la Policía de Tránsito. Durante el encuentro se evaluó la posibilidad de declarar tránsito libre, aunque finalmente esta medida no fue adoptada.
PASAJE EN DEBATE
Por su parte alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez aseguró que la tarifa del transporte urbano se mantendrá en un sol mientras se evalúa cualquier pedido formal de incremento. “El pasaje se va a mantener como corresponde, un sol a un sol”, afirmó.
El burgomaestre remarcó que las empresas no pueden modificar el precio de forma unilateral. “Dentro del contrato no puede haber una modificación del pasaje de manera arbitraria”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó el aumento en los combustibles. “La semana pasada el petróleo estaba entre 13 y 15 soles y hoy lo tenemos hasta en 20 o más; eso es especulación”, señaló, al pedir que autoridades investiguen a los grifos.
Por su parte, la gerenta de Transportes y Movilidad Sostenible, Milagros Chirinos Rosas, advirtió que suspender el servicio podría tener consecuencias contractuales. “La no prestación de servicio de manera injustificada es una causal por abandono del servicio para resolver el contrato de concesión”, afirmó.
ADVERTENCIA FISCAL
Por otro lado, la fiscal de prevención del delito, Cecilia Ampuero, advirtió que el incremento unilateral del pasaje en el transporte público podría constituir un delito si se realiza fuera de los mecanismos legales establecidos. Explicó que la tarifa está regulada por un contrato entre las empresas concesionarias y la municipalidad, por lo que cualquier modificación debe seguir los procedimientos formales. “El pasaje está regulado por un contrato que es ley entre las partes, por lo tanto, no se puede subir unilateralmente”, señaló.
La magistrada también alertó que obligar a los pasajeros a pagar una tarifa mayor podría considerarse un acto de coacción o incluso especulación, especialmente en el actual contexto de emergencia. “Están coaccionando al pasajero para hacer algo que la ley no manda”, indicó.
Asimismo, recordó que la especulación durante un estado de emergencia puede ser sancionada penalmente. “La pena privativa de la libertad puede ir de cuatro a ocho años”, afirmó.
Además, Ampuero señaló que suspender o abandonar la prestación del servicio público de transporte también podría configurar un delito. “El abandono del servicio constituye entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”, explicó, precisando que este delito está tipificado en el artículo 283 del Código Penal y puede implicar penas de cuatro a seis años de prisión, además de sanciones contractuales para las empresas.
TARIFAS INFORMALES
La escasez de buses generó además que el transporte informal aprovechara la desesperación de los ciudadanos.
En varios sectores de la ciudad, colectivos y las denominadas “loncheritas” cobraron entre 3 y 7 soles por tramos cortos, tarifas muy superiores al pasaje habitual.
COMBUSTIBLE Y PROTESTAS
Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Taxi de Arequipa, Adolfo Paco, atribuyó la crisis al incremento de los combustibles y a presuntas irregularidades en el mercado. “La canasta básica ha subido, los pasajes han subido y el dinero alcanza cada vez menos”, afirmó.
También denunció presunta especulación en el sector de combustibles. “Hay algo mucho más grave: la especulación, la concertación de precios y el ocultamiento de combustibles por parte de algunos malos empresarios dueños de grifos”, sostuvo.
En ese contexto, taxistas y transportistas de empresas que operan en distritos como Cayma y Cerro Colorado anunciaron que se sumarán a las protestas que se realizará hoy 12 de marzo.
La crisis del transporte no solo afecta a miles de ciudadanos que deben llegar a sus centros de trabajo, sino también a padres de familia y estudiantes de colegios privados que iniciaron clases el pasado 9 de marzo y que en estos días enfrentan serias dificultades para movilizarse.
Con el sistema de transporte aún en tensión y nuevas protestas anunciadas, los ciudadanos seguirán pagando los platos de estos efectos sociales.
