Según las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) cerca de 2 mil personas fueron condenadas por delitos contra la administración pública durante el año 2025. Entre los delitos de mayor incidencia figuran el peculado simple, colusión agravada y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Para el ciudadano de pie, estos hechos reflejan la desconfianza hacia las entidades publicas y sobre todo de quien las ejerce, levantando varias preguntas. ¿Son servidores públicos que ingresaron por ser amigo de la autoridad? ¿El pago de favores políticos es un cáncer que atenta contra la institucionalidad publica? Y otras que seguramente el ciudadano, lo confirma cada vez que visita una entidad del Estado. En ese contexto, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), no es la excepción, como se revelará en la presente investigación.
Diario Revelación tomó conocimiento, a través de una fuente propia, de una presunta irregularidad en la ampliación de contratación de personal dentro de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA). El caso involucra a María del Carmen Tapia Gutiérrez, quien actualmente ocupa el cargo de “Auxiliar A” en el área de Mantenimiento de Estructuras Hidráulicas. La alerta surgió tras la revisión de documentación vinculada a su proceso de contratación, entre ellos la ampliación de su contrato de trabajo, un certificado laboral presuntamente falso, y una declaración jurada de autenticidad de documentos, analizados durante esta investigación.
PRIMEROS INDICIOS
La ampliación del contrato quedó formalizada mediante el Registro Interno N.° 059/2025, bajo la modalidad de “Ampliación de contrato de trabajo sujeto a modalidad para servicio específico a plazo fijo”. El documento fue suscrito por el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), Duberly Omar Otazú García, en representación de la entidad, y por la servidora María del Carmen Tapia Gutiérrez.
El contrato inicial fue suscrito el 2 de diciembre de 2025 con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, bajo el argumento de una “necesidad del servicio”, se amplió por tres meses más, del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. Este caso se suma a una modalidad de contratación que, según la Contraloría General de la República del Perú, se habría repetido en beneficio de Tapia Gutiérrez, mediante órdenes de servicio por periodos cortos entre 2023 a 2025, que sumaron más de 86 mil soles, con perfiles presuntamente ajustados para favorecer su contratación.
El certificado de trabajo presentado en el legajo laboral de Tapia Gutiérrez para sustentar experiencia en su contratación dentro de AUTODEMA presenta serios cuestionamientos. El documento señala que habría laborado como “Apoyo Administrativo” entre abril de 2019 y julio de 2021 para Luquetty Contratistas Generales S.A.C., cuyo representante legal es Jorge Washington Luque Mamani; sin embargo, el cruce de información realizado por Diario Revelación con registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y otras bases oficiales evidenció posibles inconsistencias que ponen en duda la autenticidad del documento.
REGISTROS TRIBUTARIOS
Al revisar la información tributaria disponible en registros públicos. De acuerdo con la información de la SUNAT, la trabajadora inscribió su Registro Único de Contribuyentes (RUC) recién el 28 de diciembre de 2022, es decir, después de un año que supuestamente habría prestado servicios para la empresa mencionada en el certificado laboral.
Además, al analizar su historial de afiliación al Seguro Social de Salud, se observó que María del Carmen Tapia recién obtuvo este beneficio desde que logró el vínculo laboral con el GRA. Esto evidenciaría que, durante los años consignados en el certificado laboral, no habría realizado aportes a EsSalud ni habría estado en planilla como una trabajadora formal de la empresa.
Es decir, no hay posibilidad de que haya emitido recibos por honorarios o registros formales de actividad laboral durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021.
Carolina Calderón, ex intendente de SUNAFIL de Arequipa, explica que los certificados de trabajo que emiten las entidades públicas y privadas, nacen en consecuencia de un vínculo de cualquier modalidad de contratación formal que se tenga con el servidor. Es decir, la contratación formal, permite que el trabajador se beneficie de seguros de salud y pensiones.
Y según la documentación revisada, alertó que dichos documentos que se viene investigando, carece de sustento legal y tributario, configurando una presunta irregularidad administrativa. Al no haber emitido recibos por honorarios ni figurar en planilla, la relación laboral descrita operó en la absoluta informalidad, lo que invalida la acreditación de experiencia laboral bajo los estándares exigidos por las entidades del Estado, como AUTODEMA.
El 2 de diciembre de 2025, María del Carmen Tapia Gutiérrez suscribió una declaración jurada en la que afirmó que toda la información consignada en su hoja de vida y los documentos presentados ante la Autoridad Autónoma de Majes, eran auténticos y veraces, asumiendo responsabilidad administrativa, civil y penal en caso de falsedad, además de comprometerse a someterse a una fiscalización posterior por parte de la entidad.
¿EMPRESA FANTASMA?
La investigación también incluyó la verificación del domicilio fiscal de la empresa Luquetty Contratistas Generales S.A.C., empresa señalada como emisora del certificado laboral y cuyo representante legal es Jorge Washington Luque Mamani. Según registros de la SUNAT, la dirección se ubica en la urbanización Luz y Alegría, Mz. Ñ Lote 3, en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa.
El equipo de Diario Revelación acudió al lugar en dos oportunidades y constató que funciona una vivienda particular de cuatro pisos, sin señalización comercial ni oficinas administrativas vinculadas a alguna empresa; además, vecinos de la zona indicaron que no recuerdan que haya operado allí una empresa. Durante la elaboración de este informe también se intentó establecer comunicación con el representante legal para recoger sus descargos; sin embargo, pese a las gestiones realizadas, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
¿AMISTADADES CON EL GOBERNADOR?
El nombre de María del Carmen Tapia Gutiérrez, no es ajeno a la serie de cuestionamientos que recae en la actual gestión del GRA, encabezada por el gobernador Rohel Sánchez, porque en el 2025, se ventiló que Auxiliar, es la madre de la enamorada del hijo de la autoridad regional.
Este vínculo refuerza los cuestionamientos sobre un presunto favorecimiento en su permanencia laboral dentro del Gobierno Regional de Arequipa desde el año 2023, pese a no cumplir con el perfil como ya había observado anteriormente la Contraloría General de la República.
HERMETISMO EN AUTODEMA
Para resolver las interrogantes de esta investigación Diario Revelación, solicitó el 13 de febrero y el 3 de marzo (este como un reiterativo), que se proporcione la información pública necesaria sobre el personal que cumple labores especificas en AUTODEMA. Sin embargo, estas no fueron atendidas correctamente.
Asimismo, el equipo de investigación buscó en reiteradas ocasiones los descargos del gerente de AUTODEMA, Duberly Otazú García, quien optó por no brindar declaraciones directas y delegó la atención del caso al jefe del área de Recursos Humanos de la institución, el abogado Jefferson Valdeiglesias Sánchez.
No obstante, al acudir a su oficina en un primer momento, personal de la entidad informó que el funcionario no se encontraba debido a un percance con su teléfono celular y en una segunda visita realizada a las mismas instalaciones, tampoco fue posible concretar la entrevista, ya que, según indicaron, el funcionario había salido desde tempranas horas para cumplir actividades fuera de la institución. Es preciso mencionar que tampoco contestaba las llamadas ni mensajes de texto.
Ambas autoridades estaban informadas de las visitas realizadas por este medio, manteniéndose únicamente una comunicación indirecta a través de la oficina de Relaciones Públicas de la institución. Mediante esta intermediación se transmitieron algunas respuestas atribuidas a los responsables, aunque sin pronunciamientos directos. Se indicó que María del Carmen Tapia Gutiérrez cuenta con carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), condición que según señalaron, le habría otorgado puntaje adicional para acceder al puesto, mientras que desde Recursos Humanos se mencionó la posibilidad de realizar un control posterior sobre esta presunta irregularidad.
¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?
Como parte del deber periodístico, diario Revelación consultó este caso con el experto en derecho laboral y actual decano del Colegio de Abogados, Jorge Sumari Buendía, quien fue enfático al señalar que las entidades públicas no pueden ser meros receptores de documentos, sino que tienen la obligación legal de comprobar su veracidad.
Sumari explicó que existe un procedimiento administrativo claro denominado «acto de verificación de autenticidad del documento». Según el especialista, aunque un postulante presente una declaración jurada, esto no exime a la entidad de sus responsabilidades de control. Al respecto, afirmó; «yo tengo derecho a fiscalizar acto posterior», detallando que la institución debe enviar formalmente un oficio a la empresa emisora del certificado para que informe si el documento «es auténtico o no es auténtico, si han emitido o no».
En ese sentido, indicó que, si los encargados fallaron en realizar este filtro básico, se estarían enfrentando a consecuencias administrativas graves. “Ahí habría omisión de funciones» por parte del comité u organización encargada del proceso.
SUNAFIL
Desde Sunafil, la abogada Milagros Postigo, bajo el asunto de orientación, coincidió que la responsabilidad legal y administrativa de validar la idoneidad de un postulante recae directamente sobre los comités encargados de los concursos públicos.
Según Postigo, el proceso de selección cuenta con una fase determinante que no debe ser vulnerada. «Desde la primera etapa donde se pide el currículo o se pide llenar fichas generales. Ese filtro es el más importante, porque ahí estás eligiendo tú a las personas que son aptas», precisó.
La especialista enfatizó que, si bien cualquier ciudadano tiene el derecho de presentarse a una convocatoria, es deber de la entidad pública, evaluar si el candidato cuenta con la «experiencia completa» o el «conocimiento adecuado» para el puesto.
Este caso, que es solo un ejemplo de muchos que podrían existir, ponen en evidencia la magnitud del problema y los desafíos pendientes en materia de prevención y control, que carecen las instituciones públicas; donde solo por ser amigo del regidor, acalde, consejero o gobernador, se pueden pasar los filtros regulares y formales, para ser contratados y recibir un pago, que proviene de los impuestos de los ciudadanos.
Esta investigación reafirma que la vigilancia ciudadana y el periodismo de investigación son herramientas esenciales para exponer irregularidades y exigir responsabilidad. En Arequipa, como en todo el país, la meritocracia y la eficiencia del Estado dependen de que la verdad prevalezca sobre los intereses personales, y que la ley se aplique con rigor, sin privilegios ni atajos.
