La construcción de la Universidad Continental en el sector de La Canseco II representa uno de los episodios más críticos de vulnerabilidad urbana y corrupción institucional en la historia de Arequipa. El origen de este conflicto se remonta a la gestión del exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada, quien fue sentenciado por el cambio ilegal de zonificación de lo que debía ser el Gran Parque Zonal de Arequipa.
Este terreno, un pulmón verde de naturaleza agrícola e intangible, fue sacrificado mediante una maniobra en la Gerencia de Desarrollo Urbano para alterar el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Al otorgar la categoría de «usos especiales» a un predio que técnicamente es el cauce natural de escorrentías, se permitió que una infraestructura masiva de cemento se levantara sobre un área vital para la mitigación ambiental de la ciudad.
La gravedad de esta ocupación quedó trágicamente expuesta con las recientes lluvias de febrero de 2026. El desborde de la torrentera Los Incas, obligó a cientos de alumnos a enfrentar una situación donde sus vidas corrieron riesgo al quedar aislados por el agua y el lodo. La emergencia requirió la intervención urgente de bomberos para rescatar a los jóvenes y limpiar los escombros acumulados. Autoridades confirmaron que el campus generó un «cuello de botella» que estrangula el cauce natural, elevando el nivel de peligro no solo para los estudiantes, sino para todo el distrito.
EL «TESTAFERRATO» Y LA JUGADA POLÍTICA PARA ANULAR EL PARQUE ZONAL
El exregidor del Consejo Provincial de Arequipa, Christian Talavera, ha sido tajante al describir la operación que arrebató este espacio a la ciudad. Según refiere, el terreno estaba destinado exclusivamente para ser un pulmón verde: «Ahí se iba a establecer o crear el Gran Parque Zonal de Arequipa… uno de los pulmones de Arequipa». Sin embargo, denunció una «jugada» administrativa coordinada desde las gerencias municipales del ex burgomaestre Zegarra.
«Un X compró el terreno (en 80 mil dólares) y este X le vendió el terreno ya habilitado a la Universidad Continental con cambio de uso… lo vende ya con la habilitación y todo en 4 millones. Curiosamente». Esta transacción, según el exregidor, se hizo vulnerando la voluntad del Concejo Municipal; «La municipalidad provincial y el consejo no autorizó de ninguna manera este cambio de uso».
Esta ilegalidad de origen es la que, según los expertos, debería derivar en la recuperación del área. Talavera cuestiona la inacción de las autoridades y de la justicia. «Lo que me extraña a mí, es que la Fiscalía del Medio Ambiente no haya ordenado la demolición de la Universidad Continental… se tendría que ordenar la demolición porque este acuerdo, este cambio de uso no es legal. Es totalmente ilegal». Además, advirtió que la universidad ha intentado blindarse legalmente incluso en instancias fuera de la región.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO: EL RIESGO DE VIDA NO ES NEGOCIABLE
Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi Valdivia, ha puesto el foco en la vulnerabilidad extrema de quienes acuden al campus. Tras el colapso de las vías de acceso y el desborde, Sarayasi cuestionó duramente la seguridad del recinto. «Por donde era el ingreso (a la universidad) ya estaba riesgoso, pero ahora frente a lo ocurrido el 19 de febrero, donde ingreso el torrente, ya no se sabe cuál va a ser el ingreso», indicó.
La funcionaria enfatizó que la protección debe ser integral, incluyendo a las poblaciones más vulnerables. «Hay alumnos en discapacidad que también la ley de gestión de riesgos y desastres los protege, ¿cómo va a ser el ingreso garantizando todas las medidas de seguridad?», advirtió.
La Defensoría ha exigido que la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero sea implacable en la verificación de riesgos, ya que no solo los estudiantes están en peligro. Aunque se ha dispuesto un cierre preventivo por las lluvias, Sarayasi advirtió que la solución no puede ser temporal.
EL ESCUDO DEL «DERECHO A LA EDUCACIÓN» FRENTE A LA DEMOLICIÓN LEGAL
Frente a la contundencia de los hallazgos técnicos y las sentencias judiciales, la Universidad Continental ha mantenido una estrategia de resistencia legal para evitar el desmantelamiento de su campus. La institución ha interpuesto diversos recursos jurídicos, incluso trasladando sus reclamos a la ciudad de Lima, bajo el argumento de que una medida de demolición vulneraría el derecho a la educación de sus miles de estudiantes matriculados.
Para la entidad, la infraestructura representa una inversión consolidada que brinda un servicio público esencial, por lo que han buscado la regularización administrativa ante la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, intentando convalidar un cambio de uso de suelo que, en el papel, nació de un acto nulo.
Sin embargo, este blindaje legal choca frontalmente con la realidad geográfica y la seguridad civil de Arequipa. Como bien señala el exregidor Cristian Talavera, la municipalidad distrital ha ganado instancias judiciales que ratifican la ilegalidad del proyecto, lo que deja a la actual gestión de la comuna sin excusas para postergar la ejecución de las sanciones.
La defensa del «derecho a la educación» se desmorona cuando la propia ubicación del centro de estudios se convierte en una amenaza directa para la vida de los alumnos, quienes hoy asisten a clases bajo la sombra de un nuevo desborde de la torrentera.
El llamado a la acción es urgente y no admite más dilaciones por parte de los entes de control. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Fiscalía Anticorrupción deben intervenir de oficio para determinar las responsabilidades penales de quienes permiten que este «cuello de botella» hídrico siga en pie.
