Por: Arturo Montesinos Neyra. Abogado-Político
En el sur del país, y en Arequipa en particular, las lluvias de enero, febrero y marzo no son una sorpresa ni una anomalía climática. Son parte del ciclo natural de la región, conocidas por agricultores, transportistas, ingenieros, autoridades y ciudadanos. Año tras año, el calendario se repite con una puntualidad que no admite excusas. Sin embargo, año tras año, se insiste en iniciar la ejecución de obras públicas precisamente en estos meses, como si el agua fuera un evento inesperado.
La pregunta es inevitable y merece ser formulada con claridad:
¿por qué se inicia la ejecución de obras en plena temporada de lluvias, sabiendo de antemano que ello generará retrasos, daños a los avances y sobrecostos que finalmente paga la población?
La respuesta no está en el clima, sino en la forma en que se toman decisiones públicas.
En la práctica, muchas obras arrancan en estos meses por razones administrativas antes que técnicas. Presupuestos que deben ejecutarse “sí o sí”, expedientes técnicos aprobados a destiempo, cronogramas forzados para cumplir metas políticas o la necesidad de mostrar avances visibles, aunque sean frágiles. El problema es que la naturaleza no responde a calendarios burocráticos ni a urgencias políticas.
Las consecuencias están a la vista. Zonas intervenidas que se convierten en lodazales, vías cerradas sin rutas alternas, taludes que colapsan por falta de protección, excavaciones abiertas que se inundan, pistas y veredas que se deterioran antes incluso de ser concluidas. Todo ello genera molestias al ciudadano, paralizaciones recurrentes y una sensación de improvisación que erosiona la confianza en la gestión pública.
Las lluvias, además de causar retrasos, cumplen otro rol que pocos quieren reconocer: ponen a prueba la calidad de las obras. Bajo condiciones adversas se revela si el diseño fue adecuado, si el drenaje fue bien calculado, si la compactación del suelo fue correcta o si los materiales cumplen con las especificaciones técnicas. El agua no perdona errores ni disimula malas prácticas. ¿Que hemos visto hasta la fecha en Arequipa? Ud. Tiene la respuesta.
Cuando una obra está bien planificada, la temporada de lluvias no la destruye. Puede ralentizarla, sí, pero no arrasar con lo avanzado. Existen mecanismos técnicos para ello: programación inteligente de partidas, obras provisionales de drenaje, protección de taludes, cronogramas realistas que respeten la estacionalidad climática. Todo eso está normado, escrito y enseñado. No es desconocimiento técnico lo que falla, es la voluntad de aplicarlo.
Aquí surge una reflexión incómoda para las autoridades:
iniciar obras sin considerar el contexto climático no es eficiencia, es negligencia disfrazada de gestión.
Cada retraso implica ampliaciones de plazo. Cada daño implica adicionales de obra. Cada adicional significa más recursos públicos comprometidos. Y cuando los presupuestos se agotan, la obra queda inconclusa, convertida en símbolo de mala planificación y en recordatorio permanente de decisiones mal tomadas.
Lo más grave es que esta situación se repite de manera sistemática. No se trata de un caso aislado ni de un año excepcional. Es un patrón que se reproduce en distintos niveles de gobierno y en distintos puntos de la región. Y cuando los errores se vuelven recurrentes, dejan de ser errores para convertirse en responsabilidad.
Este artículo no busca descalificar la inversión pública ni oponerse a la ejecución de obras. Arequipa necesita infraestructura, desarrollo y servicios básicos. Pero necesita, sobre todo, obras pensadas desde la realidad del territorio, no desde el escritorio. Necesita autoridades que entiendan que gobernar no es solo firmar resoluciones, sino anticiparse a los problemas previsibles.
Las lluvias de estos días dejan una lección clara. No basta con ejecutar, hay que planificar. No basta con gastar, hay que hacerlo bien. No basta con inaugurar, hay que garantizar durabilidad y seguridad. El ciudadano no mide la gestión por la cantidad de obras iniciadas, sino por la calidad de las obras terminadas.
Esta es una llamada de atención directa a quienes tienen la responsabilidad de decidir. Planificar mejor no cuesta más dinero, cuesta más criterio. Pensar antes de ejecutar sigue siendo la etapa más barata y más necesaria de cualquier obra pública.
Si cada temporada de lluvias vuelve a dejarnos las mismas escenas de improvisación, entonces el problema ya no es el clima. El problema es que, pese a saberlo todo, se insiste en hacerlo mal. Y eso, en gestión pública, no se llama mala suerte. Se llama responsabilidad.
