Por: Abg. Ioannis Gonzales Oviedo. Máster en Marketing Político y Comunicación
En el Perú, cada vez que el gobierno dice “tranquilos muchachos, esto no es contra ustedes”, lo primero que provoca es que uno se agarre el bolsillo… y consulte a su abogado. Esta semana el Gobierno de Jerí, decidió meter mano al Código Penal para castigar la divulgación de información reservada. Sobre el papel, la jugada apunta a funcionarios que filtran datos sensibles como si fueran volantes que anuncias amarres para el amor eterno. Hasta ahí, nadie serio puede oponerse.
Pero en nuestro país la letra chiquita siempre merece verla con lupa.
La norma promete mano dura para el empleado o el obrero bocón o el funcionario que vende información o porque lo atrasaron con su “hembrita”. Y, para calmar a la “batería”, se ha dejado claro (así dicen), que periodistas y medios quedan fuera cuando actúan en ejercicio de la libertad de información. Bonito, correcto, políticamente necesario.
El problema (porque yo siempre le encuentro problema) no está en lo que dice el decreto hoy, sino en cómo podría usarse mañana (pensado con el pensamiento pe´ varón).
La experiencia peruana es clara, cuando se crean tipos penales amplios en medio de la tormenta política, (como las encerronas de Jerí en Palacio), tarde o temprano alguien intenta estirar la cuerda. Y ahí es donde saltan las alarmas. Porque una cosa es perseguir al funcionario que trafica información y otra muy distinta es generar un clima de miedo alrededor de las fuentes, ese combustible silencioso del periodismo de investigación.
Ojo, el Estado sí tiene derecho a proteger investigaciones sensibles, sobre todo en tiempos donde el crimen organizado juega en primera división. Pero también es verdad que la confianza no se decreta, se construye. Y hoy, en la calle, la desconfianza sigue siendo pan de cada día.
Si el Gobierno quiere que esta norma camine sin sospechas, tendrá que demostrar (con hechos, no con comunicados papi) que el objetivo es limpiar la casa y no silenciar voces incómodas.
Porque en el Perú político hay una regla no escrita, cuando el gobierno promete que todo está bajo control, es justamente cuando más conviene mirar dos veces y decir…ya causita.
