La fiscalización al campo ferial Cerro Juli destapó una serie de presuntas irregularidades en la administración de un predio público del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que habría sido utilizado para actividades privadas sin respaldo legal y sin generar ingresos para la región. El informe dado a conocer por el consejero regional, César Humantuma cuestiona directamente la actuación de las autoridades regionales y la ausencia de control sobre un bien estatal estratégico.
El consejero alertó que el Fondo de Desarrollo Regional (FDR), al que se le habrían otorgado derechos de administración, no tiene personalidad jurídica, pese a haber recibido atribuciones sobre el predio. “Al momento no tienen personalidad jurídica. ¿Cómo se le transfirió un predio de administración a una entidad que legalmente no existe?”, sostuvo, advirtiendo una posible vulneración del marco legal.
Asimismo, la fiscalización evidencia que el convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) no autorizaba la firma de acuerdos posteriores con terceros. No obstante, un día después se suscribió un convenio entre la CCIA y el FDR, otorgándole derechos que, según el informe, no le correspondían, permitiendo la ejecución de ferias y eventos sin sustento jurídico claro.
El informe también revela que, pese a tratarse de actividades lucrativas, el Gobierno Regional no recibió ningún beneficio económico. “No ha habido ninguna retribución económica para el Gobierno Regional producto de esta actividad”, afirmó Huamantuma, señalando que el presunto beneficiado habría sido una empresa privada que operó en un predio público.
Ante estos hechos, el informe será derivado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, para que se determinen responsabilidades. El consejero advirtió que el campo ferial Cerro Juli no puede ser tratado como una propiedad privada y recalcó que las autoridades regionales, incluido el gobernador, deberán responder por su participación y omisiones.
