Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
La división y autonomía de los poderes del Estado es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia en los presidencialismos latinoamericanos. La doctrina de los pesos y contrapesos permite que el Estado funcione de manera equilibrada y evita la concentración del poder en una sola entidad. En ese sentido, la reciente actuación del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, constituye una afrenta contra la autonomía judicial y una presión política inadmisible sobre los jueces.
Al margen de la posición jurídica sobre el tema de fondo —la prescripción de los delitos de lesa humanidad—, la actuación del titular del Congreso resulta cuestionable. Los jueces están sometidos a la crítica y revisión de sus sentencias y decisiones, pero estas deben realizarse con respeto y criterio técnico-jurídico. La participación de Rospigliosi en la audiencia y su posterior declaración amenazante son un claro ejemplo de presión política que pone en riesgo la independencia judicial.
Es importante destacar que los jueces se definen por sus sentencias, las cuales siempre tendrán una parte vencedora y una parte vencida. Esta última cuestionará la decisión judicial, por lo que nunca existirá aceptación ni conformidad total con una sentencia o resolución. Sin embargo, ello no justifica la intromisión del Poder Legislativo, ni de ningún poder del Estado o poder fáctico, en la función judicial.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia de la República actuó correctamente al emitir, en sesión extraordinaria del 30 de enero de 2026, un pronunciamiento reafirmando su compromiso con la autonomía judicial. El Poder Judicial rechaza cualquier tipo de censura o condicionamiento de las decisiones judiciales y considera inaceptable que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean objeto de amenazas o intervenciones políticas.
En ese sentido, se requiere una reforma judicial orientada a mejorar la administración de justicia y a garantizar la autonomía del Poder Judicial. Otorgar mayor autonomía al Poder Judicial implica brindar mayores garantías a los ciudadanos.
El caso Cayara y otros vinculados a derechos humanos siempre serán polémicos, pues involucran derechos fundamentales que deben ser protegidos.
La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y debe ser respetada. Los jueces deben ser libres de adoptar decisiones sin presiones políticas ni de otra naturaleza. La sociedad debe exigir el respeto a la autonomía judicial y la garantía de la independencia de los jueces.
En conclusión, la actuación del presidente del Congreso constituye un llamado de atención sobre la necesidad de respetar la autonomía judicial y garantizar la independencia de los jueces. Es momento de adoptar medidas que fortalezcan la administración de justicia y aseguren la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
