La Contraloría de la República, a través del Informe de Visita de Control N° 005-2026-OCI/0353-SVC, alertó graves deficiencias en la gestión de riesgos de desastres en las quebradas San Lázaro y Miraflores. El documento, elaborado tras inspecciones realizadas entre el 13 y 20 de enero de 2026, revela que existe peligro inminente a la población ante la actual temporada de lluvias.
La primera gran irregularidad detectada es la extracción ilegal de materiales de construcción en el lecho y laderas de la Quebrada San Lázaro. Específicamente, a la altura de la Asociación «Estrellas del Misti», se hallaron operaciones con zarandas, retroexcavadoras y camiones volquetes que operaban sin ningún tipo de autorización municipal vigente. Esta actividad ha modificado drásticamente el talud natural de las laderas.
La gravedad de esta extracción radica en que el debilitamiento de los márgenes de la quebrada reduce la estabilidad del terreno. Según el informe, esta remoción de tierra y piedras puede provocar deslizamientos o derrumbes que obstruyan el cauce normal de las aguas pluviales. Además, la acumulación de material excedente en el lecho aumentaría peligrosamente el volumen de masa de posibles huaicos.
Un segundo punto crítico identificado es la invasión del cauce mediante construcciones con voladizos. En el sector entre las calles Sepúlveda y Elías Aguirre (Quebrada Miraflores), diversas edificaciones han extendido sus estructuras superiores hacia el vacío de la torrentera. Esta irregularidad no solo reduce la sección por donde fluye el agua, sino que impide físicamente que la maquinaria pesada ingrese para realizar labores de limpieza y descolmatación.
Invaden cauce
Aún más alarmante es el hallazgo de edificaciones con cimientos directamente plantados en el lecho de las quebradas. En la Quebrada Miraflores, se detectó una estructura de tres niveles cuyas columnas nacen del mismo cauce. La Contraloría advierte que el flujo de agua podría causar una socavación en estas bases, provocando el colapso total de la edificación y generando un taponamiento que afectaría a todas las viviendas aguas abajo.
Situaciones similares se repitieron en la Quebrada San Lázaro, específicamente en la zona de Lino Urquieta, donde se documentó una vivienda particular construida sobre el cauce. Estas invasiones vulneran la Ley de Recursos Hídricos, que establece que los álveos o cauces son bienes de dominio público inalienables. La permanencia de estas familias en zonas de alto riesgo evidencia una falta de fiscalización por parte de las autoridades municipales.
El informe también subraya que la Municipalidad Distrital de Miraflores, como integrante del SINAGERD, tiene la responsabilidad directa de ejecutar acciones preventivas y correctivas. No obstante, la persistencia de estas irregularidades demuestra una gestión reactiva en lugar de una preventiva. El alcalde, como máxima autoridad, es señalado por la normativa como el responsable directo de incorporar la gestión de riesgos en el desarrollo distrital.
En cuanto a las construcciones en zonas prohibidas, el informe recalca que cualquier intervención en bienes asociados al agua debe contar con la autorización previa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Las inspecciones visuales confirmaron que no se ha respetado la faja marginal ni la sección del cauce, permitiendo que viviendas de hasta cinco niveles (en distritos colindantes como Mariano Melgar) pongan en jaque la seguridad hidráulica de la zona.
La situación descrita pone en riesgo la integridad física y el patrimonio de los vecinos de Miraflores. Ante lluvias intensas, el escenario de riesgo incluye no solo el desborde de las torrenteras por la disminución de su ancho, sino el colapso de infraestructuras que serían arrastradas por la corriente. Este efecto dominó podría causar desastres de gran magnitud en las áreas urbanas más bajas.
De ocurrir un desastre derivado de estas situaciones, la responsabilidad administrativa y penal recaería sobre quienes, conociendo el riesgo detallado por el ente de control, no tomaron las medidas necesarias para salvaguardar la vida de la población de Miraflores.
