El futuro de Petroperú quedó en manos del Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto de urgencia del gobierno transitorio de José Jerí, al considerar que vulnera la Constitución al plantear una reorganización y privatización sin pasar por el Congreso de la República.
La demanda, registrada en el Expediente N.° 00003-2026-AI, fue interpuesta tras una serie de gestiones y mesas de trabajo promovidas por el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau. Desde el gremio sostienen que el decreto de urgencia N.° 010-2025 contiene vicios de origen y altera el régimen jurídico de la empresa estatal sin el sustento legal correspondiente.
El documento presentado ante el TC subraya que cualquier reforma estructural o reorganización integral de Petroperú debe realizarse mediante una ley debatida y aprobada por el Parlamento. Este argumento coincide con la posición expresada previamente por el Colegio de Abogados de Lima, que advirtió que el decreto carece de sustento constitucional al no acreditarse una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión.
La demanda apunta directamente a las más altas autoridades del Ejecutivo: el presidente José Jerí, el titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el procurador de la PCM, Carlos Cosavalente Chamorro. Según la exposición, se vulnera el principio de separación de poderes y la jerarquía normativa.
Para el sindicato, la acción marca un hito en la defensa de los derechos laborales y del sector energético. La dirigencia anunció que seguirá impulsando acciones legales y llamó a sus bases a mantener la unidad y la calma. Mientras la Defensoría reafirmó su compromiso de velar por decisiones estatales responsables y alineadas con el bienestar colectivo.
