El caso de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, abrió una grieta incómoda en la lucha contra el crimen organizado. Las pesquisas no solo siguieron el rastro de una red criminal violenta, sino que destaparon la participación de efectivos policiales que, desde dentro de la institución, abastecieron de armas y datos estratégicos a la organización.
La investigación avanzó con un giro decisivo cuando las autoridades pusieron el foco en agentes que facilitaron información reservada y acceso a armamento. La captura de estos policías permitió desarticular el anillo de protección que rodeaba a Moreno Hernández y a su círculo cercano. Desde ese momento, el expediente dejó de centrarse únicamente en la violencia de la banda y pasó a exponer fallas internas que se arrastraron durante años.
El retorno de “El Monstruo” al país, tras aprobarse su extradición desde Paraguay, terminó de consolidar el caso. El proceso se ejecutó mediante coordinación entre autoridades judiciales y policiales de ambos países, bajo un esquema de cooperación que fue calificado como ordenado y eficaz. Este paso reforzó una estrategia más amplia contra organizaciones criminales con presencia internacional, una línea que también alcanza a cabecillas buscados en Colombia y España.
Las indagaciones fiscales confirmaron que efectivos policiales colaboraron directamente con la organización “Los Injertos de Lima Norte”. Varios de los implicados pertenecieron a unidades especializadas como la Dirincri, lo que facilitó el acceso a información sensible. Todos fueron identificados, capturados y sometidos a prisión preventiva.
El comandante general de la Policía, Óscar Arriola Delgado, fue enfático al señalar que quienes cruzan la línea “son investigados, detenidos y enviados a la cárcel”. En tres megaoperativos se capturó a setenta y nueve personas en Lima, Ica, Bolivia y otras zonas. El proceso judicial continúa, con los principales implicados bajo disposición del Poder Judicial.
