La Contraloría General de la República volvió a intervenir antes de que el problema estalle. Esta vez, el foco está en Majes Siguas II. Un proceso de contratación por más de dos millones de soles muestra grietas en su diseño, con exigencias poco claras para un servicio clave: la vigilancia de extensos terrenos estratégicos.
El informe de orientación de oficio revisó el proceso durante varios días de enero y dejó constancia de omisiones que van más allá de lo formal. Las bases administrativas no detallan cómo deben operar herramientas centrales para el servicio, como drones y receptores GPS. Tampoco precisan cómo se verificará su uso real en campo. En ese vacío, advierte el órgano de control, el seguimiento de la ejecución quedaría debilitado.
Uno de los puntos más sensibles está en el uso del drone. El documento señala que no se definió el perfil técnico del personal encargado de operarlo, ni la frecuencia de los vuelos, ni el tiempo mínimo de funcionamiento diario. Sin estos criterios, la sola presencia del equipo no asegura que cumpla su función de vigilancia en las pampas de Siguas. El riesgo es evidente: tecnología contratada, pero no necesariamente utilizada de forma efectiva.
Algo similar ocurre con los receptores GPS. Aunque los informes quincenales y mensuales deberían incluir el control de las rondas con evidencias, las bases solo consideran reportes semanales del supervisor. No se exige información específica sobre el uso de los siete dispositivos GPS previstos, lo que limita el monitoreo real del personal en campo.
A esto se suma la falta de precisión en las capacitaciones y entrenamientos. Se anuncian jornadas y ejercicios de tiro, pero sin duración ni cronograma definido, lo que pone en cuestión su eficacia. El informe ya fue remitido a la gerencia de Autodema para que adopte medidas antes de que el servicio entre en marcha.
