José Jerí optó por el desafío. Negó haber cometido actos ilícitos y admitió solo un “error” en la forma de una reunión reservada que hoy lo coloca en el centro de una ofensiva política. Pese a su defensa, una moción de vacancia por incapacidad moral ya ingresó al Congreso y abre un nuevo capítulo de tensión institucional.
El mandatario sostuvo que no existió ilegalidad alguna en su encuentro con el empresario chino Zhihua Yang y rechazó que detrás de esa reunión hubiera negocios ocultos. Reconoció que su ingreso encapuchado al restaurante fue una equivocación, pero insistió en que no vulneró la ley. En paralelo, se mostró firme frente a las acusaciones y aseguró que responderá ante las instancias correspondientes. Desde el entorno presidencial se subraya que no hay pruebas concluyentes y que las sospechas no pueden reemplazar al debido proceso.
Mientras tanto, el Congreso dio trámite a la moción de vacancia presentada el 26 de enero de 2026, respaldada por 26 firmas y promovida por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre. El documento sostiene que Jerí incurrió en incapacidad moral por su responsabilidad política en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que dispuso la reestructuración patrimonial de Petroperú y la transferencia de activos a ProInversión.
Para los impulsores, la medida configura una presunta privatización encubierta que afecta el interés público. A ello se suma el llamado ‘ChifaGate’, la reunión no registrada con Yang en diciembre de 2025, revelada por investigaciones periodísticas y ausente en los portales de transparencia.
Las firmas provienen de bancadas diversas, como Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático, Renovación Popular, Acción Popular y legisladores no agrupados. Otras fuerzas, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, no se sumaron formalmente, aunque expresaron críticas a la gestión.
En este escenario, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aclaró que no puede convocar a un pleno extraordinario durante el receso parlamentario y defendió la continuidad de Jerí, recordando que el mandato concluye el 28 de julio. La vacancia, prevista en el artículo 113 de la Constitución, vuelve así a escena como un mecanismo político que profundiza la fragilidad institucional.
