La revisión de bases oficiales del Poder Judicial expone un perfil que rara vez se menciona en el debate público. Carlos Fernández Fernández, actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), figura en decenas de expedientes judiciales activos y pasados. Los registros muestran una trayectoria marcada por litigios de diversa naturaleza y alcance.
El Sistema de Información Judicial del distrito judicial de Arequipa consigna que, hasta agosto de 2025, Fernández Fernández estuvo vinculado a 72 procesos judiciales. En 21 aparece como demandante, en 17 como demandado y en 24 como imputado. Los diez restantes lo ubican en roles diversos, desde beneficiario hasta querellante o denunciado. Los casos no son recientes ni aislados: se extienden desde el año 2002 y han pasado por juzgados civiles, penales, de paz letrado, de flagrancia y de investigación preparatoria.
A este historial se suman registros en el Sistema de Registro y Control de Denuncias Policiales, SIDPOL. Allí figuran denuncias presentadas por el propio Fernández por la pérdida de licencias de conducir y de un revólver calibre 380. También aparece como denunciado por presunta simulación contractual y por ingreso no autorizado a inmueble o violación de domicilio. En otro caso, figura como solicitante por el extravío de 17 placas de rodaje de vehículos adquiridos a la empresa Cerro Verde.
Este trasfondo judicial convive hoy con una exposición pública intensa. Como presidente de la CCIA, Fernández ha realizado denuncias mediáticas contra Aeropuertos Andinos por la gestión del terminal aéreo de Arequipa y contra la empresa COVISUR por la administración de peajes. En ambos casos, solicitó a instancias superiores que no se renueven los contratos de concesión, invocando la representación gremial. La distancia entre el discurso público y el historial judicial queda registrada en los sistemas oficiales.
