En un país que ejecuta más de S/ 30 mil millones anuales en inversión pública, según la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, la vigilancia ciudadana se ha convertido en un componente clave para mejorar la calidad de las obras públicas. Este control social no reemplaza la labor del Estado, sino que la complementa desde el territorio.
Un estudio nacional de percepciones sobre transparencia y participación, elaborado en el marco de la campaña Saber Para Crecer, muestra que más del 90% de peruanos considera que una mayor transparencia en contratos y pagos ayuda a prevenir la corrupción. Además, facilita la rendición de cuentas en los proyectos financiados con recursos públicos. Estos datos reflejan una ciudadanía cada vez más consciente de su rol en el seguimiento de la gestión pública.
En esa línea, la Contraloría General de la República impulsa programas de monitoreo ciudadano que permiten a vecinos capacitados observar el avance de obras y reportar alertas. Gracias a estos mecanismos, se han identificado más de 40 mil riesgos en proyectos públicos a nivel nacional. Los reportes ciudadanos aportan información oportuna y fortalecen el control gubernamental.
Solo en 2024, la Contraloría registró a más de 20 mil monitores ciudadanos activos, quienes realizaron alrededor de 180 mil intervenciones en todo el país. Esta cobertura evidencia una participación sostenida y organizada. En regiones como Cajamarca, Piura, Cusco y Moquegua, la vigilancia comunitaria permitió advertir retrasos, deficiencias técnicas y problemas de cumplimiento en obras de infraestructura y servicios básicos.
Sin embargo, persisten desafíos. Aunque más del 80% de la población reconoce que existe información sobre proyectos públicos, casi la mitad señala dificultades para acceder a ella. Esta brecha limita el ejercicio pleno del monitoreo ciudadano.
Frente a ello, la campaña Saber Para Crecer refuerza sus ejes de transparencia y participación mediante la plataforma digital MiRegiónMiData. A través de información clara y accesible, la iniciativa promueve un seguimiento público informado. De este modo, la vigilancia vecinal se consolida como una herramienta efectiva para proteger el interés colectivo y mejorar la inversión pública.
