En medio de las actividades de festejo del aniversario de Yarabamba, los graves casos de nepotismo detectados por la Contraloría General de la República y la desobediencia a un mandato expreso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han abierto la posibilidad de que se aplique una medida extrema: el congelamiento de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, que lidera el alcalde José Luna Zapana.
Hay que recordar que el eje de la investigación fiscal es el incumplimiento de la normativa electoral, pero el antecedente directo es un informe de la unidad contralora que reveló la contratación irregular de familiares de autoridades municipales, generando un perjuicio económico significativo a la comuna.
Perjuicio económico
Según el órgano de control, se identificaron 11 contrataciones irregulares de personas impedidas de contratar con el Estado, mediante locaciones de servicios y planillas de construcción civil, por un monto total de S/ 168,954.19. Este dinero se destinó de manera incorrecta. Es decir, hubo un uso inadecuado de los fondos públicos de la comuna.
La regidora Alida Belén Tito Soto fue señalada como la autoridad con el mayor número de familiares beneficiados. La Contraloría detectó la contratación de ocho parientes, entre ellos dos exconvivientes, un hermano, un tío, una tía y tres primos. Estos familiares percibieron en conjunto S/ 137,998 por diversos servicios brindados a la municipalidad, configurando el caso más grave de nepotismo dentro del concejo distrital.
En el caso del alcalde provisional José Luis Luna Zapana, la unidad de control detectó la contratación de su cuñada, Maybeth Rocío Huanca Pilco, por S/ 2,500 como asistente técnico administrativa en trabajos de mantenimiento de caminos de herradura. Pese a que el alcalde negó tener conocimiento de dicho contrato, la Contraloría infirió la existencia de injerencia directa, al tratarse de un familiar con vínculo de afinidad.
El tercer regidor involucrado es Zenón Antenor Cruz Hidalgo, quien registra dos contrataciones irregulares por un monto de S/ 29,456, correspondientes a su hermana y su sobrina, incorporadas en planillas de construcción civil y como asistente administrativa.
Desobedecen al JNE
A raíz de estos hallazgos, el JNE emitió el 17 de marzo de 2025 una resolución que ordenaba al Concejo Distrital de Yarabamba convocar una sesión extraordinaria para debatir los pedidos de vacancia por nepotismo.
Sin embargo, el mandato del máximo organismo electoral fue ignorado por casi un año. Según la denuncia presentada a la Fiscalía, las autoridades municipales incurrieron en actos dilatorios y omitieron de manera reiterada la convocatoria, impidiendo que se discuta y resuelva la vacancia del alcalde y los regidores involucrados.
Ante este desacato, el JNE emitió un segundo pronunciamiento el 25 de julio de 2025, en el que constató la desobediencia y dispuso la remisión de copias al Ministerio Público para evaluar responsabilidades penales. Como consecuencia, el Ministerio Público abrió la Carpeta Fiscal N.° 501-2025-5901 mediante la Disposición de Apertura N.° 01-2025, emitida el 5 de diciembre de 2025, iniciando diligencias preliminares por 60 días contra las autoridades ediles.
En riesgo financiero
Frente a este escenario, la Contraloría podría activar la Directiva N.° 007-2020-CG/NORM, que faculta la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de entidades públicas cuando existe riesgo en el uso adecuado de fondos públicos. Tal como corrió en la municipalidad de Yarabamba.
La norma establece que la medida procede cuando los hechos son de conocimiento público, han sido denunciados o difundidos, y cuando resulta idónea, necesaria y proporcional para evitar un mayor perjuicio económico al Estado.
“Son aquellos hechos relacionados con la existencia de situaciones que ponen en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos de una entidad y que son de conocimiento colectivo en una población determinada, los cuales no han sido difundidos a través de medios de comunicación masiva”, se desprende de la directiva.
Es más, se consignan las investigaciones en el Ministerio Público, así como los procesos penales o civiles ante el Poder Judicial, exponiendo la vinculación que tengan con la existencia de situaciones de conocimiento público que ponen en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos. Precisamente, el alcalde y los regidores son investigados por la contratación irregular que generó perjuicio económico.
Existen precedentes claros. La Contraloría ya solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el congelamiento de cuentas de la Municipalidad de La Victoria por presuntas irregularidades, sin afectar pagos de personal ni servicios básicos. Además, también hay casos similares que involucran a los gobiernos regionales de Ancash y Callao. Esto refuerza la posibilidad de que Yarabamba enfrente una medida similar si persisten los malos manejos y el desacato a la ley.
Practica sistemática
El abogado especialista en temas municipales, Nolberto Lajo Paredes, sostuvo que la situación que atraviesa la Municipalidad Distrital de Yarabamba reúne todos los elementos necesarios para que la Contraloría General de la República solicite el congelamiento de sus cuentas bancarias. Según explicó, no se trata de un caso aislado de nepotismo, sino de una práctica sistemática que involucra a varias autoridades y la contratación irregular de familiares, lo que configura un escenario de alto riesgo en el manejo de los recursos públicos. “En mi opinión sí deberían congelar las cuentas. No se trata del nepotismo de una sola autoridad, sino de varias autoridades con contratos irregulares a varios parientes”, señaló.
Lajo precisó que la medida se justifica plenamente porque existe información pública suficiente que evidencia un uso indebido del dinero municipal y el incumplimiento deliberado de la normativa vigente. Indicó que las autoridades ediles no solo habrían contratado “como han querido”, sino que además habrían gastado recursos de manera irregular, desobedecido resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y actualmente se encuentran bajo investigación. “Cuando se tiene información pública de riesgos, cualquier ciudadano debe invocar a la Contraloría a que haga esa solicitud. Aquí ya hay información pública (…) Definitivamente hay suficiente justificación para que le suspendan las cuentas bancarias”, afirmó, remarcando que la congelación sería una medida preventiva para evitar mayores perjuicios al erario.
