José Jerí salió de la Comisión de Fiscalización más debilitado de lo que ingresó. Lejos de cerrar el capítulo del Chifagate, sus descargos alimentaron sospechas y endurecieron posturas en el Congreso. Bancadas y legisladores coinciden en una idea central: las versiones del mandatario no encajan y el margen político para sostenerlo se reduce.
Congresistas de distintos sectores coincidieron en que las explicaciones del presidente carecieron de coherencia y solidez. Las contradicciones sobre horarios, reuniones y acompañantes fueron leídas como señales de opacidad. Para varios legisladores, el problema ya no es solo una cita en un chifa, sino la afectación directa a principios básicos como la transparencia y la idoneidad en el ejercicio del cargo.
Sigrid Bazán cuestionó la lógica del relato presidencial y puso en duda la versión de una salida nocturna inocua. Flor Pablo recordó inconsistencias sobre el manejo del idioma por parte del empresario chino y reprochó la falta de foco en la seguridad ciudadana. Roberto Sánchez fue más lejos y pidió la renuncia inmediata, mientras Jaime Quito habló de un intento de blindaje político y versiones sin verosimilitud.
En paralelo, el escenario parlamentario se tensó aún más. Ya son tres las mociones de censura en curso: la primera impulsada por Ruth Luque, la segunda por Elías Varas y una tercera anunciada por Jaime Quito. A ello se suma la intención de Renovación Popular de forzar un pleno extraordinario. Jerí, por su parte, insiste en defenderse y anunció que pedirá el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. El Congreso, sin embargo, parece haber tomado nota: la paciencia política se agota.
