Por Jorge Turpo Rivas. Periodista
Uno de los principios básicos del periodismo, quizá el más incómodo, pero también el más necesario, es estar del lado de la legalidad. No del poder, no del uniforme, no de la simpatía del personaje de turno, sino de la ley.
Lo ocurrido con la intervención policial al conductor informal, Donny Ttoruco Huamaní, debería servirnos no solo para analizar un hecho puntual, sino para reflexionar seriamente sobre qué periodismo estamos ejerciendo y qué tipo de ciudad decimos querer.
En las últimas horas, varios medios han presentado a Ttoruco Huamaní como la gran víctima de una supuesta intervención abusiva de la Policía. Se habla de gas pimienta, de choques eléctricos, de exceso de fuerza. Sin embargo, el video que circula es bastante claro: el conductor es intervenido, se le ordena descender de la unidad, se niega reiteradamente, forcejea con el efectivo policial y desacata la autoridad. El desenlace es previsible, termina reducido y detenido.
Aquí hay un punto clave que algunos prefieren ignorar. En cualquier país donde el principio de autoridad se respeta mínimamente, desacatar a un agente policial no es una anécdota ni una travesura. Es una falta grave. Y, pese a ello, Ttoruco Huamaní fue liberado horas después, cuando perfectamente pudo y debió permanecer detenido por faltar el respeto a la autoridad. Eso, más que el uso de la fuerza, es el verdadero mensaje equivocado.
No estamos defendiendo el abuso policial ni mucho menos promoviendo la violencia. Nadie está diciendo que a los malos conductores haya que dispararles, como ocurre en otros contextos extremos que todos rechazamos. Pero sí es necesario decirlo con claridad: el desacato no puede tener premio, ni la ilegalidad puede convertirse en victimización mediática.
Porque Ttoruco Huamaní no es un ciudadano ejemplar sorprendido por una arbitrariedad. Registra al menos nueve papeletas por infracciones de tránsito graves. La unidad que conducía acumula cerca de 10 mil soles en multas impagas. No cuenta con SOAT, un requisito básico y obligatorio para circular y transportar pasajeros. Es decir, estaba conduciendo de manera informal, ilegal y exponiendo la vida de quienes llevaba a bordo y de quienes transitaban por la vía pública.
¿De verdad ese es el personaje que algunos medios decidieron convertir en símbolo de la injusticia? ¿De verdad vamos a llamar “derecho al trabajo” a una actividad que se ejerce al margen de la ley y poniendo en riesgo vidas humanas?
Aquí es donde el periodismo debe hacerse cargo de sus decisiones. Defender la legalidad no es ser oficialista ni autoritario. Es entender que, si relativizamos el desacato hoy, mañana cualquier intervenido, sea infractor o delincuente, podrá golpear, insultar o resistirse a la Policía y luego aparecer como víctima en un titular emotivo.
Si no se debe nada, no se teme nada. El procedimiento es simple: se baja de la unidad, se acompaña a la comisaría y se aclara la situación. En este caso, no ocurrió así. Ese detalle lo cambia todo.
El principio de autoridad no se defiende con discursos grandilocuentes ni con editoriales encendidos. Se defiende siendo coherentes. Se defiende eligiendo bien a quiénes convertimos en víctimas y a quiénes señalamos como responsables. Y, sobre todo, se defiende entendiendo de qué lado estamos cuando contamos una historia.
Porque al final, la pregunta no es si Donny Ttoruco Huamaní fue víctima o no. La verdadera pregunta es qué ciudad queremos construir y qué papel va a jugar el periodismo en ese camino.
