La informalidad en el transporte volvió a quedar al descubierto en las calles de Arequipa. Un operativo municipal destapó no solo a un conductor con multas impagas y sin seguro obligatorio, sino también un escenario más amplio: buses y combis operando fuera de la ley, rutas no autorizadas y tensiones crecientes entre fiscalizadores y quienes resisten el control.
Qué tal joyita
La escena comenzó con un solo conductor. Dony Ttoruco Huamaní circulaba por la intersección de Vidaurrázaga con Andrés Avelino Cáceres prestando servicio sin autorización. No tenía Seguro Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Su vehículo acumulaba infracciones graves y una deuda cercana a los 10 mil soles por papeletas impagas. La intervención terminó con la unidad rumbo al depósito municipal, en medio de resistencia y denuncias de presunto maltrato.
El registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirma el historial del vehículo. Multas graves, pagos pendientes y la ausencia de un requisito básico para circular: el SOAT. Para la autoridad, el caso resume un riesgo latente: pasajeros expuestos y normas ignoradas. Para el conductor, fue el final abrupto de una jornada que terminó bajo custodia administrativa. Aunque luego algunos medios han tratado de mostrarlo como víctima, lo cierto es que se trata de un irresponsable al volante.
Se impone la fiscalización
Pero no fue un hecho aislado. En el Cercado, la fiscalización avanzó sobre el Sistema Integrado de Transportes. En la calle Ayacucho, inspectores municipales detectaron buses y combis operando sin autorización de ruta. Cinco unidades fueron internadas tras comprobarse la infracción R85, considerada muy grave por prestar servicio regular sin permiso municipal.
Dos buses M3 y tres combis M2 quedaron fuera de circulación. La falta no es menor. Operar sin autorización implica evadir controles técnicos y administrativos diseñados para proteger a los usuarios. La comuna insiste en que estas prácticas vulneran la normativa y eliminan cualquier garantía mínima de seguridad.
Las intervenciones continuaron en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Desde temprano, policías e inspectores detectaron ocho unidades M2 y una M1 prestando servicio de forma ilegal. Nueve vehículos terminaron en el depósito municipal, todos sin cumplir las condiciones exigidas para transportar pasajeros.
El operativo no estuvo exento de tensión. La municipalidad reportó actos de violencia durante la fiscalización, con agresiones a inspectores y policías por parte de algunos comerciantes. Aun así, la comuna ratifica que los controles seguirán. El objetivo, sostienen, es frenar la informalidad antes de que vuelva a cobrar víctimas.
