El constante desacato al máximo órgano electoral ya les trajo consecuencias al alcalde José Luna Zapana y al cuerpo de regidores. Y es que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa inició una investigación preliminar contra las autoridades ediles por desobedecer una disposición expresa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ordenó convocar y realizar una sesión extraordinaria para resolver pedidos de vacancia en su contra.
Dilatan el proceso
De acuerdo con la disposición fiscal, el JNE emitió una resolución el 17 de marzo de 2025, en la que ordenó al Concejo Distrital de Yarabamba convocar una sesión extraordinaria para debatir los pedidos de vacancia por nepotismo. Esto porque la Contraloría desveló la contratación de familiares del edil y los concejales Alida Belén Tito Soto y Zenon Antenor Cruz Hidalgo en el municipio.
Sin embargo, pese al mandato firme y expreso del máximo organismo electoral, las autoridades municipales no cumplieron con realizar dicha sesión, incurriendo —según la denuncia— en actos dilatorios que impidieron el debate y resolución del pedido de vacancia, una conducta que se habría mantenido de forma persistente en el tiempo.
Ante este incumplimiento, el JNE emitió un segundo pronunciamiento el 25 de julio de 2025, en el que constató la desobediencia del concejo distrital y dispuso la remisión de copias al Ministerio Público para que se evalúe la eventual responsabilidad penal de las autoridades involucradas por desacato.
Tras la persistente negativa, la investigación se aperturó mediante la Carpeta Fiscal N.° 501-2025-5901 y la Disposición de Apertura N.° 01-2025, emitida el 5 de diciembre de 2025. En esta se ordena el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días, plazo para que los ediles comparezcan ante el Ministerio Público.
En el marco de las diligencias preliminares, la Fiscalía dispuso recabar documentación del JNE, recibir la declaración de su presidente, Roberto Burneo Bermejo, así como tomar las declaraciones de todos los investigados en compañía de sus abogados defensores.
Acusan premeditación
Uno de los puntos centrales de la investigación es el presunto rol del secretario general de la municipalidad, Henry Fredes Jaén. A este se le atribuye haber enviado oficios y comunicaciones orientadas a retrasar deliberadamente la ejecución de la orden del JNE, solicitando documentación que, según la denuncia, ya obraba en el expediente de vacancia.
Entre estos documentos figura el Oficio N.° 081-2025/SG/MDY, del 26 de agosto de 2025, en el que el funcionario sustentó su renuencia a cumplir los autos del JNE en hechos que posteriormente fueron desmentidos por la solicitante de la vacancia, evidenciando, según la Fiscalía, una conducta obstructiva.
También se menciona el Oficio N.° 077-2025/SG/MDY, del 20 de agosto de 2025, mediante el cual el secretario general solicitó una ampliación de plazo pese a conocer que los procesos de vacancia tienen límites perentorios, así como un acta de constatación ante el Juzgado de Paz que fue utilizada para justificar supuestas carencias documentales.
Para el Ministerio Público, estas actuaciones tuvieron como finalidad impedir que el concejo sesione y cumpla el mandato del JNE. Configurándose así el presunto delito de desobediencia a la autoridad por parte de los regidores y funcionarios denunciados.
Contratos familiares
Si bien el eje de la investigación fiscal es el incumplimiento de la disposición electoral, el caso tiene como antecedente directo un informe de la Contraloría General de la República, que detectó casos de nepotismo perpetrados por las autoridades. Sucede que la entidad efectuó 11 contrataciones irregulares de personas con impedimento para contratar con el Estado por un monto total de S/ 168,954.19, a través de locaciones de servicios y planillas de construcción civil.
La regidora Alida Belén Ttito Soto fue identificada como la autoridad con el mayor número de familiares contratados, al registrarse ocho parientes beneficiados. Entre ellos dos exconvivientes, un hermano, un tío, una tía y tres primos, quienes percibieron en conjunto S/ 137 mil 998 por diversos servicios en la municipalidad.
En el caso del alcalde provisional José Luis Luna Zapana, la unidad contralora detectó la contratación de su cuñada, Maybeth Rocío Huanca Pilco, por S/ 2 500, como asistente técnico administrativo en el mantenimiento de caminos de herradura. Infiriendo la existencia de injerencia pese a que el edil negó conocer dicho contrato.
El tercer regidor involucrado, Zenón Antenor Cruz Hidalgo, registra dos casos de nepotismo por un monto de S/ 29 456, correspondientes a la contratación de su hermana y su sobrina en planillas de construcción civil y como asistente administrativa, respectivamente.
Alegan con leguleyadas
Revelación.pe solicitó al área de Imagen Institucional una entrevista con el burgomaestre Luna Zapana. No obstante, decidieron responder a través de su asesor legal Richard Talavera Rodríguez. El letrado sostuvo que sí existió una convocatoria para debatir la vacancia, pero que esta no prosperó por falta de documentación en el expediente presentado por la demandante. Y cuestionó que el informe de Contraloría sea considerado un medio probatorio suficiente.
«La Contraloría hace su trabajo y emite informes, pero no quiere decir que estos informes sean un medio probatorio como tal o sean concluyentes y determinen sanciones. Los regidores han sido claros en que este tema es de importancia, por lo cual desean que la decisión que se tome sea con el sustento necesario para poder emitir un voto informado. En caso que la administrada (denunciante) no cumpla, el pleno decidirá lo adecuado para el caso”, indicó a Revelación.pe.
El abogado también señaló que, hasta el momento, no han sido notificados formalmente de la investigación fiscal y que el documento difundido carece de firmas. Por lo que evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y calificó de irresponsable emitir opinión sobre un documento que considera apócrifo.
Por su parte, este medio trató de obtener la versión del regidor Zenón Antenor Cruz Hidalgo, quien inicialmente pidió ser contactado más tarde, dado que atendía una emergencia por lluvias. Pero no respondió nuevas llamadas ni mensajes hasta el cierre de este informe.
Mientras tanto, la investigación continúa en curso bajo la conducción del Ministerio Público, que deberá determinar si las autoridades de Yarabamba incurrieron en responsabilidad penal al desobedecer una orden expresa del JNE. Un hecho que, de confirmarse, podría ocasionarles responsabilidades.
