Por Sergio E. Mostajo Cuentas. Periodista
Los traficantes y las mafias invasoras que ocupan, ilegalmente, vastas extensiones de terrenos en todo el país están contraatacando. En un diario de circulación local me entere que la abogada Amparo Begazo, procuradora regional, tiene ¡70 denuncias! interpuestas por los invasores, por abuso de autoridad. Increíble, pero cierto.
Estos indeseables, convertidos en los nuevos “expertos urbanistas”, aducen que la procuradora actúa con abuso y prepotencia al no notificarles de los desalojos y concretarlos de forma inopinada y sorpresiva. Es decir, quieren que les digan, hora, fecha y lugares que serán desalojados. Otra vez, increíble, pero cierto.
¿Se imaginan si les notificaran previamente?, esos terrenos se convertirían en escenarios de batallas campales, incluso con víctimas mortales de por medio. Pues estos invasores hace rato que han dejado de ser inocentes seres que necesitan un lotecito para construir su casita. Esta gente, por la dimensión de dinero que mueven, están secundados por cuerpos de seguridad —matones y sicarios— armados; lo peor es que esas denuncias han sido admitidas por él, cuando no, inefable Poder Judicial.
En favor de la procuradora debemos mencionar que ella y su valioso equipo de trabajo, con el apoyo del Ministerio Público y de la Policía Nacional, vía desalojos extrajudiciales, al amparo de la Ley 30230 que no exige notificación previa a los traficantes de terrenos, han logrado recuperar 22 mil 500 hectáreas de terrenos invadidos en el ámbito regional. Tratándose de terrenos inscritos a nombre del estado.
El trabajo de la procuraduría regional merece el respaldo político y funcional del titular de la región. La cantidad de terrenos recuperados parece enorme, pero la cifra de ocupación ilegal, ósea de invasiones, es mayor. Se sabe que actualmente están próximos a desalojar 17 hectáreas en la localidad de Punta de Bombón. Una zona convertida en el nuevo imán de estas mafias por la construcción del mega puerto de Corío.
En medio de este sombrío panorama cabe destacar, alguna vez tenía que darse, la condena por lavado de activos de dos personas. Se trata de Patricio Salas y Hermenegildo Quispesivana, dirigentes de la “Asociación de vivienda Villareal de Chumbivilcas”.
Una golondrina no hace el verano, pero por algo se tenía que empezar.
