Bajo el pretexto de reconstruir el colegio San Martín de Porres tras los desastres naturales, una red de funcionarios de la municipalidad de Alto Selva Alegre orquestó un esquema de pagos indebidos, plazos fantasmales y obras defectuosas. Esto provocó un perjuicio de S/ 815 mil 088 en el tesoro público. La gestión del alcalde Alfredo Benavente Godoy no está exenta de responsabilidad.
Mediante el Informe de Auditoría N° 010-2025-2-04602-AC, la Contraloría reveló que el proyecto, cuyo costo total ascendió a S/ 15 millones 710 mil 117,72, fue adjudicado al Consorcio San Martín con el objetivo de sustituir pabellones precarios por infraestructura de material noble. Sin embargo, la gestión del contrato estuvo plagada de decisiones que favorecieron al contratista en detrimento de las arcas municipales.
Ampliaciones indebidas
El mayor desfalco se concentró en las ampliaciones de plazo 1, 4 y 5, correspondiente a 38, 24 y 20 días respectivamente. Según los auditores, estas extensiones se otorgaron sin observar los procedimientos legales. Esto impidió que la municipalidad aplicara penalidades por mora que sumaban S/ 559 mil 195,98. La revisión de los expedientes que sustentaron estas ampliaciones reveló que no contaban con el rigor necesario para justificar el retraso.
Es decir, la comuna permitió ampliaciones de plazo por 82 días de manera injustificada. Esto transgredió el artículo 88° del Reglamento de Reconstrucción con Cambios (D.S. n.° 071-2018-PCM), el cual regula estrictamente las causales y el procedimiento para otorgar más tiempo a un contratista.
Es así que, a pesar de que el inicio de la obra se dio el 12 de junio de 2021 con una fecha de término prevista para un año después, las prórrogas injustificadas extendieron el proceso innecesariamente. Para marzo de 2023, la obra apenas registraba un avance del 83,80%.
La supervisión de la obra, inicialmente a cargo del Consorcio Supervisor Selva Alegre, no cumplió con su rol de control, permitiendo retrasos injustificados. Tras la resolución del contrato de supervisión en marzo de 2023, ya con la gestión de Alfredo Benavente, un equipo inspector designado por la entidad continuó con la gestión deficiente de los plazos.
Tras la salida del supervisor, el gerente de Desarrollo Urbano designó mediante memorándum a un equipo interno de inspectores integrado por cuatro profesionales (dos arquitectas y dos ingenieros). No obstante, este grupo fue el encargado de los procesos de recepción y liquidación de la obra. Fue en esta etapa donde se validaron los cálculos erróneos de reajustes y pagos indebidos de saldos que terminaron de consolidar el perjuicio económico total
Trabajos mal hechos
La unidad contralora también detectó fallas graves en el sistema de drenaje pluvial. Se aprobaron planos que consideraban pendientes que incumplen la norma, poniendo en riesgo la durabilidad de la infraestructura ante las lluvias.
Además, se pagó la totalidad de la partida de «sobrecarga» en el adicional de obra n.° 4, a pesar de que los trabajos no cumplían con las especificaciones técnicas ni con su funcionalidad operativa. Este hecho específico, sumado a los problemas de drenaje, generó otro perjuicio de S/ 135 mil 084,04.
La auditoría también desnudó irregularidades en la fase final del proyecto, que estuvo a cargo de la actual administración edilicia. La liquidación del contrato de obra incluyó reajustes de valorizaciones calculados sin sustento técnico y en abierta contradicción con el reglamento de fórmulas polinómicas.
Asimismo, se efectuó un pago indebido por un saldo a favor del contratista relacionado con el adicional de obra n.° 1 que no correspondía ejecutarse. Estos errores en los cálculos financieros de la liquidación representaron una pérdida adicional de S/ 120 mil 808,41 adicionales para el Estado.
La mayor parte del perjuicio corresponde a la inaplicación de penalidades por S/ 559 mil 195,98, seguida por S/ 135 mil 084,04 por deficiencias técnicas en adicionales; además, se perdieron S/ 103 mil 085,98 por reajustes mal calculados y S/ 17 mil 722,43 por pagos indebidos en el primer adicional.
Funcionarios responsables
El informe señala como responsables directos a funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y de la Subgerencia de Obras Públicas. Estas unidades orgánicas fueron las encargadas de visar y aprobar las ampliaciones de plazo y los adicionales de obra sin el rigor legal exigido.
Específicamente se señala al gerente de Desarrollo Urbano, Dan Dali Galicia Fernández; la subgerenta de Obras Públicas, Getza Belem Fernández Almanza; la exgerenta de Desarrollo Urbano (2020), Ketty Delmira Valdivia Ureña; la exsubgerenta de Obras Públicas (2020), Ana María Álvarez Chávez; y los integrantes del equipo inspector que designó la gestión de Alfredo Benavente: Wilfredo Soncco Vilca y Karina Milagros. Estos últimos sujetos a una potestad sancionadora de Contraloría.
El informe ya fue remitido a las instancias correspondientes para que se inicien las acciones legales y administrativas contra los implicados. La Municipalidad de Alto Selva Alegre deberá responder por la custodia de los fondos destinados a la educación.
