El futuro de Petroperú volvió al centro del debate político y económico. Un decreto de urgencia aprobado por el gobierno de José Jerí activó alertas en el Congreso y entre expertos, quienes advierten que una reorganización orientada a la concesión de la empresa tendría un impacto directo en los bolsillos de los consumidores.
La discusión tomó forma en una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, presidida por la parlamentaria Katy Ugarte. Bajo el título “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores”, el espacio reunió a representantes de la empresa estatal, la Defensoría del Pueblo y especialistas en el sector energético. La ausencia del Ejecutivo marcó la jornada, pese a que el decreto cuestionado fue impulsado desde el propio gobierno.
El punto de partida fue el decreto de urgencia aprobado en las últimas horas de 2025, que ordena el reordenamiento de Petroperú con miras a concesionar sus operaciones por partes a través de Proinversión. Para los participantes, el efecto sería inmediato: alza en el precio de los combustibles, incremento de los fletes y, en consecuencia, encarecimiento de los productos de la canasta básica. Así lo señaló Johnny Villón Macedo, del sindicato de profesionales de Petroperú, al advertir que el impacto se trasladaría directamente al costo de vida.
Los especialistas coincidieron en que retirar a Petroperú del mercado reduciría la capacidad del Estado para incidir en los precios. El experto Pablo Tello estimó que el perjuicio económico podría oscilar entre mil y mil quinientos millones de dólares anuales. Además de cuestionar la falta de una evaluación técnica sobre el impacto al consumidor.
Desde la Defensoría del Pueblo se informó que se solicitó a la PCM sustentar el decreto, sin obtener respuesta dentro del plazo establecido. Mientras el Ejecutivo insiste en que no se trata de una privatización, el debate deja una advertencia clara: el costo lo asumirían los ciudadanos.
