En la madrugada del 3 de enero de 2026, el orden geopolítico de América Latina sufrió su transformación más violenta y profunda en décadas. Bajo el nombre de «Operación Resolución Absoluta», fuerzas de élite de los Estados Unidos ejecutaron una incursión militar en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, marcando el inicio de lo que la Casa Blanca define como una administración directa del país hasta lograr una «transición segura».
El espionaje detrás de la extracción La captura no fue un acto de improvisación, sino, al parecer, el resultado de meses de preparación meticulosa. En agosto, la CIA instaló un equipo encubierto dentro de Venezuela que logró rastrear cada detalle de la vida de Maduro: desde sus patrones de movimiento y los lugares donde dormía, hasta su vestimenta y los hábitos de sus mascotas.
Esta inteligencia permitió que, a las 2:00 a.m., comandos de la Delta Force irrumpieran en su residencia —una estructura blindada con aluminio y acero— justo cuando el mandatario intentaba alcanzar su habitación segura. Trump, quien observó el operativo desde su residencia en Mar-a-Lago «como si fuera un show televisivo», dio la aprobación final tras una cena en la que se discutieron detalles tácticos con el secretario de Estado, Marco Rubio.
La «Doctrina Donroe» y el control del petróleo
Este despliegue militar es la aplicación práctica del «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe de 1823, una estrategia de seguridad nacional que busca restaurar la preeminencia de Washington en el hemisferio occidental. Según el New York Times, esta doctrina —apodada «Doctrina Donroe»— considera a América Latina como parte de la «frontera de seguridad interna» de EE. UU. para frenar el narcotráfico y la influencia de potencias extranjeras hostiles.
En ese contexto, el presidente Donald Trump ha justificado las acciones militares bajo la premisa de que el régimen socialista «robó» la industria petrolera a su país durante administraciones anteriores. Según esta visión, la infraestructura fue creada originalmente gracias al esfuerzo estadounidense.
En declaraciones tras la captura de Nicolás Maduro, Trump ha sido explícito al señalar que el negocio petrolero en Venezuela bajo el chavismo fue un «fracaso» total. El mandatario afirmó que permitirá que las firmas petroleras de Estados Unidos, calificadas por él como las más grandes del mundo, entren al país para invertir miles de millones de dólares. El objetivo declarado es reparar la infraestructura petrolera gravemente deteriorada y comenzar a generar ganancias para los intereses estadounidenses. Asimismo, el vicepresidente J.D. Vance reforzó esta postura al declarar públicamente que el «petróleo robado» debe ser devuelto a los Estados Unidos como parte del proceso de justicia.
Asimismo, Trump ha manifestado que su administración gestionará directamente el país hasta que se complete una transición segura, asegurando una «fuerte participación» de su industria energética en el proceso. Esta política implica que Washington planea tomar una gran parte de la riqueza generada para resarcir los supuestos daños causados a su país. El plan incluye la modernización de instalaciones antiguas y la venta de petróleo, bajo la supervisión de un equipo estadounidense que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio.
No obstante, desde la perspectiva del gobierno venezolano y de diversos observadores internacionales, estas acciones son vistas como una «guerra colonial» destinada a usurpar recursos naturales estratégicos. La administración de Maduro denunció que el fin último de la agresión militar es apoderarse del crudo y los minerales para quebrar la independencia política de la nación. Por otro lado, organizaciones como Answer Coalition interpretan que la intervención busca dominar América Latina para garantizar el flujo de hidrocarburos hacia el norte. Expertos también advierten que esta reconfiguración forzada del sector energético podría desestabilizar los mercados mundiales de energía y provocar repercusiones preocupantes en la estabilidad de toda la región.
Caos y muerte
Tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una «actuación cautelar urgente» ordenando que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia encargada de la República para garantizar la continuidad administrativa. Rodríguez calificó el operativo estadounidense como una «barbarie» y un «secuestro ilegal», exigiendo de inmediato una fe de vida del mandatario y su esposa, Cilia Flores. Bajo esta nueva jefatura, el Consejo de la Nación formalizó el decreto de Estado de Conmoción Exterior, el cual ordena la movilización total y el paso inmediato a la «lucha armada» para defender la soberanía nacional. Rodríguez también negó tener algún tipo de acercamiento con Donald Trump, tal como lo deslizara el presidente estadounidense.
Por su parte, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, calificó la intervención como una invasión criminal motivada por la «codicia de recursos estratégicos». En ese contexto, se activó un despliegue masivo de sistemas de armas terrestres, aéreos y balísticos para la defensa integral del territorio, especialmente tras los bombardeos en puntos neurálgicos como Fuerte Tiuna y La Carlota. Asimismo, Diosdado Cabello apareció en la televisión estatal llamando a la calma y pidiendo a la militancia chavista evitar la desesperación para no facilitar las acciones del «enemigo invasor», asegurando que el régimen se mantiene unido y sin fisuras.
La capital venezolana experimentó un clima de incredulidad, estupor y paralización comercial. Las calles amanecieron desiertas y con un fuerte olor a pólvora tras la incursión aérea, mientras los ciudadanos reportaban que las explosiones fueron tan potentes que hicieron temblar las viviendas. Se registraron cortes de energía eléctrica en múltiples sectores y el cierre casi total de farmacias, supermercados y estaciones de servicio; en estas últimas se observaron largas filas de vehículos de personas intentando obtener combustible ante la incertidumbre.
El saldo humano preliminar de la operación indica al menos 40 fallecidos (civiles y militares) y más de 90 militares heridos, destacando casos como el de Rosa González, una civil de 80 años que murió durante los ataques en la zona costera de Catia La Mar(La Guaira). En el ámbito político, la líder opositora María Corina Machado proclamó la «hora de la libertad», exigiendo que Edmundo González Urrutia asuma de inmediato el mandato constitucional y sea reconocido por las fuerzas armadas. Sin embargo, Trump señalo que no tienen ningún tipo de acercamiento con la lideresa ni tampoco consideran que tenga la credibilidad suficiente para que asuma las riendas de Venezuela.
Mientras tanto, grupos de simpatizantes del chavismo se concentraron en las cercanías del Palacio de Miraflores para protestar por lo que consideran un secuestro y exigir el retorno de Maduro.
¿Intervención legal o ilegal?
La reacción internacional ante la captura de Nicolás Maduro y el ataque estadounidense se ha dividido entre la condena por la violación de la soberanía y el respaldo a lo que algunos consideran un acto de justicia.
Países como Rusia, China e Irán condenaron enérgicamente el uso de la fuerza, calificándolo como un «comportamiento hegemónico» y una amenaza a la paz regional. En América Latina, los presidentes de Brasil (Lula da Silva), México (Claudia Sheinbaum), Colombia (Gustavo Petro) y Chile (Gabriel Boric) rechazaron la intervención, argumentando que se cruzó una «línea inaceptable» que vulnera el derecho internacional y la Carta de la ONU. Por el contrario, líderes de derecha como Javier Milei (Argentina) y Daniel Noboa (Ecuador), junto al primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu), celebraron la caída de lo que denominaron una «narcodictadura», felicitando a Donald Trump por su «valiente liderazgo».
Organismos internacionales y potencias europeas han mostrado una postura de cautela y llamado a la moderación, priorizando la necesidad de una salida pacífica. El Secretario General de la ONU, António Guterres, alertó que estos eventos constituyen un «precedente peligroso» y subrayó que el respeto a la legalidad internacional no es opcional. Mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, enfatizaron que la transición debe ser democrática y validada por las urnas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue tajante al declarar que España no reconocerá una intervención que «empuja a la región a un horizonte de belicismo». Por su parte, la OEA instó a todos los actores a evitar una mayor escalada y a buscar una gobernanza basada en la voluntad del pueblo venezolano.
Reacciones en el Perú
En el Perú, la clase política también se manifestó de forma polarizada ante la noticia. Candidatos presidenciales de derecha, como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, calificaron la intervención de «impresionante» e «histórica», celebrando el fin de lo que llamaron una «organización criminal». Otros líderes, como César Acuña y Mario Vizcarra, expresaron esperanza por el cambio en Venezuela, aunque Vizcarra advirtió sobre la inestabilidad que podría persistir. En contraste, los sectores de izquierda, representados por Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Alfonso López Chau, condenaron el bombardeo y la «agresión imperialista», instando a respetar el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
Por su parte, el presidente José Jerí, respondió a los eventos en Venezuela anunciando la implementación de nuevas medidas migratorias dirigidas específicamente a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. La postura oficial del Ejecutivo es que estos individuos “no son bienvenidos” en territorio nacional.
En contraste, para la diáspora venezolana en el Perú, la reacción fue de un júbilo casi unánime, convirtiendo las calles de Lima en centros de celebración. Decenas de ciudadanos se congregaron frente a la embajada de Venezuela, ondeando banderas y entonando cánticos bajo consignas como «Venezuela libre por fin». Muchos migrantes describieron la captura de Maduro como «el mejor regalo de Navidad» tras años de exilio, expresando un deseo ferviente de regresar a su país. A pesar de la euforia por la caída del régimen, también persistía entre ellos un sentimiento de angustia e incertidumbre por la seguridad de sus familiares en Venezuela debido a los bombardeos y la presencia de colectivos armados.
¿Qué es lo que sigue?
Tras ser detenido en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en un avión militar Boeing 757 hasta el aeropuerto internacional Stewart, en Nueva York, adonde arribaron el sábado. Posteriormente, bajo estricta custodia de agentes de la DEA y el FBI, fueron llevados en helicóptero a Manhattan para los trámites iniciales y luego ingresados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de máxima seguridad.
El panorama legal de Maduro es especialmente delicado. La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, confirmó que tanto él como Flores han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Entre los cargos que pesan sobre el exmandatario figuran conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, así como delitos vinculados a la posesión y uso de ametralladoras y artefactos destructivos. Según Washington, Maduro encabezó el “Cártel de los Soles”, una red que habría traficado grandes volúmenes de droga hacia Estados Unidos, utilizando posiciones oficiales para lavar dinero y ofrecer cobertura diplomática a narcotraficantes.
La acusación, plasmada en un documento de 25 páginas, no solo alcanza a la pareja presidencial, sino que también menciona a otros altos dirigentes del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, a quienes se señala por conspirar para vulnerar leyes estadounidenses desde alrededor de 1999. Las autoridades de EE. UU. han advertido que los detenidos enfrentarán “todo el peso de la justicia” ante tribunales federales. Si bien el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no están previstas nuevas acciones militares en Venezuela tras la detención de Maduro, el presidente Donald Trump ha señalado que está dispuesto a activar una “segunda oleada” si no se acatan sus lineamientos para una transición política.
En el plano procesal, se prevé que los detenidos comparezcan ante un juez federal en Manhattan, posiblemente tan pronto como este lunes. En esas audiencias se definirá si cuentan con defensa legal y se fijará el cronograma del juicio. Especialistas y fuentes jurídicas advierten que, dada la magnitud y acumulación de los cargos, Maduro podría enfrentar una condena a cadena perpetua. Paralelamente, el gobierno estadounidense ha señalado que “administrará” Venezuela mediante un equipo encabezado por Rubio y Pete Hegseth hasta concretar una transición que consideren “segura y adecuada”.
