El centro de La Paz volvió a ser escenario de choques abiertos entre mineros y fuerzas del orden. Las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles derivaron en detonaciones de dinamita, gases lacrimógenos y bloqueos en torno a la plaza Murillo, evidenciando la profundidad del conflicto social que enfrenta el nuevo Gobierno boliviano.
Las movilizaciones se concentraron en los accesos a la plaza Murillo, corazón político del país, resguardada con vallas metálicas y contingentes antidisturbios. Grupos de mineros intentaron avanzar por distintos puntos del casco histórico y recurrieron a explosiones controladas para forzar el repliegue policial, una práctica conocida en las protestas del sector. La Policía respondió con gas lacrimógeno y pimienta para dispersar a los manifestantes y contener el avance.
La Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros encabezaron la jornada, acompañados por maestros, fabriles y otros gremios urbanos. Sus dirigentes rechazaron el decreto 5503 y advirtieron que las medidas continuarán incluso durante las fiestas de fin de año. El reclamo se sostiene en el impacto directo del ajuste: la gasolina subió 86 % y el diésel hasta 162 %, tras más de dos décadas de precios congelados.
Desde el Ejecutivo, el Gobierno de Rodrigo Paz defendió la decisión como inevitable para aliviar las finanzas públicas y normalizar el abastecimiento, afectado por la dependencia de importaciones. Aseguró que el retiro del subsidio permite un ahorro diario millonario y fue acompañado de aumentos salariales y bonos sociales. Los sindicatos, sin embargo, cuestionan el alcance del ajuste y advierten riesgos constitucionales, mientras el Ejecutivo descarta retroceder y mantiene abierto un diálogo sin condiciones.
