Once asentamientos avanzan hacia la formalización urbana

El Concejo Municipal de Arequipa aprobó un acuerdo que permite a la comuna provincial asumir competencias para iniciar el saneamiento físico-legal de 11 asentamientos humanos. La medida marca el inicio formal de un proceso largamente esperado por cientos de familias. Las mismas que buscan regularizar la posesión de sus predios y acceder, finalmente, a títulos de propiedad y servicios básicos.

La decisión se sustenta en el Informe N.° 2718-2025-MPA/GDU-SGAHHU y habilita a la Municipalidad Provincial de Arequipa a conducir el procedimiento de formalización urbana. Entre las asociaciones incluidas figuran Bosques de Chachani, El Sillar Añashuayco Aspime Tupahuay, Los Amigos de San Miguel, Taller Ciudad de los Pioneros y Marlene. Además de organizaciones ubicadas en La Joya, Socabaya y Congata. La lista refleja la diversidad de zonas donde la expansión urbana ha avanzado más rápido que la formalización legal.

Con el acuerdo aprobado, se abre el camino para la emisión de la resolución de saneamiento físico-legal. Documento clave que permitirá a las asociaciones iniciar los trámites que conduzcan a la titulación. El proceso no es automático ni simbólico. Exige cumplir condiciones claras: acreditar posesión previa al año 2021, demostrar que no existe superposición de predios y contar con la voluntad política necesaria para viabilizar el procedimiento. Solo bajo estos criterios se busca ordenar el crecimiento urbano y evitar conflictos futuros.

El impacto del saneamiento va más allá del papel. La formalización brinda seguridad jurídica a las familias y les permite gestionar servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Servicios que hoy son limitados o inexistentes en muchos asentamientos. Para la comuna provincial, la medida apunta a reducir la informalidad urbana y avanzar hacia una planificación más ordenada de la ciudad. Para los vecinos, representa el inicio de un proceso que puede transformar la precariedad en estabilidad y la posesión en propiedad reconocida por el Estado.