Dennis Antenor Salazar Gil le sacó la vuelta al Estado. Mientras ocupaba el cargo de gerente en la Municipalidad de Uraca Corire, de manera paralela también cobraba como asesor del Consejo Regional de Arequipa (CRA). Una doble percepción que pone en evidencia un aprovechamiento de recursos públicos.
Según la Contraloría, mediante el Informe de Control Específico N° 015-2025-2-0356-SCE, el mencionado se desempeñó como gerente municipal de Uraca Corire desde el 14 de junio de 2024. Sin embargo, en esa misma fecha ya mantenía un vínculo contractual vigente con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), específicamente para el CRA. Esto a través de la orden de servicio n.º 0003223, emitida el 29 de mayo de 2024, para realizar servicios de «revisión, análisis legal y proyección de respuestas» por un monto de S/ 13 mil.
Declaración falsa
Esta situación no fue un hecho aislado ni accidental. Durante el ejercicio de su alto cargo municipal, Salazar suscribió una segunda contratación con el GRA el 19 de agosto de 2024 (orden n.° 0005222) por la suma de S/ 7 mil. Para lograr este segundo contrato, el funcionario presentó una declaración jurada en la que aseguraba no tener ningún impedimento legal para contratar con el Estado, a pesar de que ya ostentaba el cargo de confianza en la comuna.
La unidad contralora detalla que la consejera regional por la provincia de Castilla, Natividad Francisca Taco Cueva —jefa inmediata del funcionario— conocía previamente al locador y tenía pleno conocimiento de que éste laboraba simultáneamente como gerente municipal. Pese a ello, lo habría favorecido otorgando la conformidad a sus entregables para que pudiera cobrar sus honorarios.
Además, se advirtió que el favorecimiento fue tal que se validaron los pagos aun cuando el asesor no cumplió con adjuntar los informes detallados de actividades descritos en los términos de referencia. En su lugar, sólo presentó copias de documentos sin especificar las labores realizadas, una omisión que fue pasada por alto por el despacho de la consejera regional.
Omisiones en Corire
En el ámbito municipal, la responsabilidad recae sobre Vanessa Lizbeth Palacios Chirinos, jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Uraca Corire. La auditoría determinó que esta no realizó la verificación previa del perfil ni los impedimentos legales del funcionario al momento de su designación. Ni efectuó la fiscalización posterior de la documentación de su legajo personal.
El perjuicio económico total identificado por el ente de control asciende a S/ 19 mil 140. Este monto corresponde a los pagos realizados por el GRA durante los periodos en los que Salazar Gil ya se encontraba percibiendo una remuneración como funcionario público de alto nivel en Corire. Vulnerando la prohibición constitucional de doble percepción.
La normativa vulnerada es amplia. La Contraloría cita la transgresión del artículo 40° de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos desempeñar más de un empleo remunerado. También se vulneró la Ley Marco del Empleo Público y el Código de Ética de la Función Pública, que exige dedicación exclusiva y prohíbe los conflictos de intereses.
Peor aún, en su declaración jurada marcó bajo juramento que no tenía impedimentos para contratar. Una afirmación que el informe califica como contraria a la verdad material y al principio de presunción de veracidad. Es decir, existe una premeditación de parte del funcionario para beneficiarse con dos sueldos a la vez.
Tras la emisión del informe, la Contraloría recomendó el inicio de las acciones legales correspondientes para recuperar los fondos públicos pagados indebidamente. Y sancionar a quienes permitieron este esquema de doble percepción de ingresos en perjuicio del tesoro público.
