Por Miguel Ocas Saravia
En Majes, el contraste es evidente. De un lado, el alcalde Jenry Huisa Calapuja y su gerente Juan Carlos Nina destacan números y porcentajes como carta de presentación política. Del otro, la población convive con hechos de violencia cada vez más frecuentes. Las cifras avanzan en el papel, pero en las calles el miedo persiste y la desaprobación ciudadana crece.
La escena se repite con crudeza. Mientras las autoridades municipales aparecen en portadas locales, la inseguridad se instala como rutina diaria. Para muchos vecinos, el discurso oficial intenta maquillar una gestión cuestionada, cargada de denuncias y acusaciones de proselitismo político.
Huisa Calapuja y Nina, militantes del partido Ahora Nación, incluso enfrentan una denuncia ante el Jurado Electoral Especial por participar en actividades de campaña. Un hecho que refuerza las críticas sobre prioridades políticas alejadas de las urgencias ciudadanas.
Inseguridad avanza
La noche del 25 de diciembre fue una muestra del desborde. En los alrededores del local nocturno conocido como El Sótano, en plena zona céntrica de Majes, estalló una batalla campal. Pedradas, gritos y caos a pocos metros de avenidas clave del distrito.
El enfrentamiento sembró pánico entre los vecinos. El temor a que una piedra impactara en una vivienda mantuvo a familias enteras en vilo durante varios minutos. Luego, como si nada, los grupos se dispersaron. La sensación fue clara: impunidad total.
Videos y fotografías circularon rápidamente en redes sociales. Las imágenes se viralizaron y reavivaron el malestar contra el alcalde. Los comentarios exigían acciones concretas y urgentes para frenar la violencia que se normaliza en Majes.
En la zona, vecinos aseguran que cerca a El Sótano existirían otros locales nocturnos vinculados a familiares y socios conocidos. Para ellos, el sector se ha convertido en un espacio sin control ni fiscalización efectiva.
La historia se repite en la avenida 3 de Octubre. Allí, los escándalos y agresiones son constantes. Casos graves, como el de un joven de 23 años que terminó en coma tras una brutal golpiza, evidencian las consecuencias de la pasividad municipal frente a locales que incumplen horarios y ordenanzas.
