Donde antes había proyectos detenidos y decisiones postergadas, hoy avanzan excavaciones sin control. El Ejecutivo advirtió que concesiones mineras formales en Cajamarca y Apurímac están siendo ocupadas por mineros ilegales, una situación que expone la fragilidad del Estado frente a la paralización de inversiones y la expansión de actividades ilícitas.
Desde el Ejecutivo se ha puesto nombre a los espacios afectados. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que proyectos emblemáticos como Minas Conga, Haquira y Las Bambas enfrentan invasiones de mineros ilegales que extraen minerales sin autorización ni medidas de prevención ambiental. La advertencia se dio en un contexto marcado por años de paralización y conflictos no resueltos.
El caso de Conga ilustra con claridad ese escenario. Se trata de un proyecto aurífero valorizado en unos 4 800 millones de dólares, con permisos ambientales aprobados desde 2010, pero detenido desde ese mismo año. De acuerdo con información citada por Bloomberg, esa inactividad dejó el área expuesta a la ocupación ilegal, con una actividad imposible de fiscalizar, sin pago de impuestos ni control ambiental efectivo.
Las consecuencias, según el jefe del Gabinete, ya se hacen visibles. Los ríos que nacen en la zona del proyecto en Cajamarca estarían siendo contaminados con mercurio producto de la minería ilegal. Frente a ello, el Ejecutivo dispone de 60 días de facultades legislativas para reforzar el marco penal y procesal contra esta actividad, en un intento por fortalecer la capacidad del Estado frente a economías ilícitas vinculadas al crimen organizado.
