El mensaje fue directo y sin matices. El Gobierno decidió cerrar el grifo financiero a Petroperú luego de años de apoyo estatal continuo. La ministra de Economía expuso cifras que incomodan y adelantó dispositivos legales para evitar que la petrolera siga drenando recursos públicos, apostando por un giro en su conducción interna.
Durante una entrevista radial, la titular del MEF dejó claro que no habrá más inyecciones de dinero para la empresa estatal. La decisión, explicó, responde a la necesidad de detener un gasto que se ha vuelto recurrente y pesado para las finanzas públicas. El enfoque del Ejecutivo ya no pasa por rescates, sino por un cambio profundo en la forma en que se administra la petrolera.
Las cifras expuestas retratan la magnitud del problema. Desde 2022, Petroperú recibió S/ 17,000 millones del Estado para cubrir deudas y sostener su operatividad. Para la ministra, el contraste es inevitable: ese monto supera largamente los presupuestos de sectores clave como Educación y Salud. Una comparación que, en sus palabras, revela una situación injusta frente a otras prioridades nacionales.
A ese escenario se suma un problema persistente: la falta de transparencia. Miralles advirtió que el acceso a información financiera real sigue siendo limitado, incluso tras cambios en la gobernanza. Los datos, señaló, llegan tarde o incompletos, lo que dificulta una evaluación clara del estado de la empresa y retrasa decisiones de fondo.
Frente a ello, el MEF prepara dispositivos legales que serán emitidos antes de fin de año. Estas medidas buscarán contener el impacto fiscal de Petroperú y obligar a una mayor rendición de cuentas. La apuesta del Gobierno recae ahora en el nuevo directorio y el equipo gerencial, a quienes ya se les ha exigido información técnica para transparentar la situación real de la compañía.
