La firma del octavo convenio entre Sedapar y la Sociedad Minera Cerro Verde se realizará este viernes 19 de diciembre en Lima, con la presencia del presidente José Jerí. Inicialmente, el acto estaba previsto en Arequipa; sin embargo, en medio de fuertes cuestionamientos ciudadanos y políticos por el contenido del acuerdo —que beneficia de manera expresa a la empresa minera— se decidió trasladar la ceremonia a la capital.
El cambio de sede no pasó desapercibido y se interpreta como una señal clara de incomodidad frente al rechazo social que el convenio ha generado en Arequipa. Para diversos sectores, llevar la firma a Lima equivale a evitar el escrutinio directo de la población afectada. Como si los propios firmantes reconocieran que el acuerdo carece de legitimidad local y prefirieran concretarlo lejos del escenario donde se concentran las críticas.
En la ceremonia participarán la gerente general de la empresa, Yanet Montoya; y los representantes de la minera Cerro Verde. La ausencia de Arequipa como escenario del acto refuerza las sospechas sobre un convenio percibido como desequilibrado, firmado lejos y de espaldas a la ciudadanía y en un contexto marcado por el escándalo y la desconfianza pública.
Propone comisión investigadora
El congresista por Arequipa, Jaime Quito Sarmiento, cuestionó las gestiones orientadas a la firma de un octavo convenio entre la minera Cerro Verde y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar). Ante este escenario, el parlamentario anunció que promoverá con mayor énfasis la conformación y priorización de una comisión investigadora que evalúe de forma integral el convenio marco que vincula a ambas entidades.
Según explicó, el sustento central de esta iniciativa es que la empresa minera no efectuó ningún pago por el uso de las aguas residuales tratadas en la planta La Enlozada. Quito recordó que el pedido de investigación ya fue presentado ante el pleno del Congreso en el mes de junio, pero señaló que, tras el reciente anuncio de una nueva adenda, insistirá en que la propuesta sea puesta en agenda y debatida con carácter urgente.
La Enlozada se construyó bajo la promesa de descontaminar el río Chili, un objetivo que la población arequipeña valora. Sin embargo, advirtió que este beneficio ambiental no puede convertirse en una justificación para entregar de manera indefinida un recurso estratégico como el agua tratada a una sola empresa privada. En ese contexto, planteó que las comisión revise cada cláusula del contrato
Asimismo, señaló que antes de discutir cualquier nueva adenda se debe sincerar la deuda que mantendría la minera por el uso de las aguas residuales desde la firma del convenio original hasta la actualidad. Recién después de aclarar este punto, indicó, podría evaluarse una eventual ampliación del acuerdo.
Quito reveló además que, al tomar conocimiento de las nuevas negociaciones, solicitó información a Sedapar, pero esta le fue negada bajo el argumento de que el convenio aún no había sido suscrito. “Sin estos documentos no se pueden iniciar acciones legales u otras medidas”, señaló. Y exhortó a no firmar el acuerdo sin antes socializarlo con la población, advirtiendo que se estaría hipotecando el futuro de Arequipa a favor de Cerro Verde.
Finalmente, cuestionó las declaraciones del presidente de la Junta de Accionistas de Sedapar, Víctor Hugo Rivera Chávez, quien afirmó que la empresa no está en capacidad de mantener la planta por los altos costos que representa. En esa línea, respondió que, si se cobrara la tarifa correspondiente a la minera por el uso de las aguas residuales, Sedapar tendría recursos no solo para el mantenimiento de La Enlozada, sino también para ejecutar nuevas obras de inversión en beneficio de la región.
A medida de Cerro Verde
Sedapar ha justificado la gratuidad del reúso del agua para Cerro Verde señalando que el convenio original fue suscrito antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.º 1280, norma que regula las tarifas y la recuperación de costos en el sector saneamiento. Bajo esta interpretación, la empresa minera continuará utilizando un recurso estratégico sin realizar pago alguno, una situación que se prolongaría por varias décadas.
Como compensación, el convenio plantea que Cerro Verde ejecute inversiones superiores a los 3 mil millones de dólares hasta el año 2060. No obstante, un examen minucioso de las cifras evidencia que una parte sustancial de ese monto no representa aportes nuevos ni beneficios económicos directos para Sedapar o la población arequipeña. Pues incluye inversiones ya realizadas y gastos operativos asumidos en años anteriores.
Entre los montos considerados figuran más de 555 millones de dólares correspondientes a la construcción de la planta de tratamiento La Enlozada, ejecutada en el pasado, así como otros 166 millones en costos de operación desde 2015. Y se añaden US $ 510 millones bajo la modalidad de obras por impuestos, mecanismo que se descuenta de la carga tributaria de la empresa. Y que, por tanto, no constituye un pago efectivo por el uso del agua ni una transferencia directa de recursos.
Las inversiones futuras tampoco están libres de condicionamientos. La segunda etapa de La Enlozada, valorizada en 247 millones de dólares, permitirá tratar mayores volúmenes de aguas residuales. Pero a cambio habilita a la minera a incrementar su dotación de agua para uso propio. Al depurar las cifras, la inversión real que Arequipa recibiría hasta el 2060 se reduce a aproximadamente 782 millones de dólares. En el marco de un contrato que garantiza el uso del agua residual para la empresa hasta esa fecha o hasta el cierre de sus operaciones.
